Bogotá, 19 jun (SP). El Ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, afirmó que el Gobierno Nacional cumplirá los compromisos adquiridos con las víctimas de la violencia y, en este sentido, anunció que el próximo 5 de julio se iniciará la primera entrega de recursos a mil personas afectadas por la violencia.

El programa –agregó el titular de la cartera de Hacienda- contempla beneficios para un total de 10 mil víctimas, para lo cual el Gobierno dispone de 220 mil millones de pesos.

“¿Qué va a hacer el Gobierno? Este mes entrega los primeros recursos, del total de 220 mil millones de pesos, a las primeras mil víctimas. Será el próximo 5 de julio. Esa es una muestra evidente de cómo el Estado, de una manera responsable y efectiva, puede atender con sus posibilidades fiscales a la población”, dijo el funcionario.

Según el Ministro, “el proyecto de ley de víctimas que fue archivado en esta legislatura se politizó, con el propósito de congraciarse con las personas afectadas por la violencia”.

Zuluaga explicó cómo, después de tener el texto de dicha ley aprobado en Cámara de Representantes por un monto de 22,1 billones de pesos, los alcances de la iniciativa se elevaron en 53,8 billones de pesos adicionales, en el informe de la Comisión de Conciliación.

“De acuerdo con los cálculos del Ministerio de Hacienda, el costo total, si se llegara a aplicar el proyecto de ley acordado por la Comisión de Conciliación del Congreso, sería por 76 billones de pesos, cifra impagable y que pondría en peligro la estabilidad de las finanzas públicas”, señaló Zuluaga.

Consideró que ninguna sociedad puede reparar al ciento por ciento el daño causado a sus víctimas. “Por eso, el Gobierno apoyó la creación de una ley, y tuvo la disposición política, abrió los espacios del diálogo y trató de buscar acuerdos, pero sobre la base de que también se tuviera en cuenta la responsabilidad fiscal. Y eso no fue lo que se sometió a la consideración de la plenaria”, sostuvo.

Para el funcionario, la propuesta del Gobierno Nacional “siempre ha consultado la realidad fiscal, pero sin dejar de reconocer la integralidad del problema de las víctimas”.