Bogotá, 23 jun (SP). “Quiero felicitar a la Cámara de Comercio de Bogotá por este nuevo logro. Nos expresaba la doctora María Fernanda Campo (Presidenta de la Cámara) que estas edificaciones sirven todas las horas del año, en un proceso de capacitación y de prestación de servicios al empresariado.

Además, la circunstancia de dar una rendición permanente de cuentas, de ejercer una tarea bajo la fiscalización pública, demuestra con creces la transparencia en la dirección de la Cámara de Comercio de Bogotá, que es motivo de confianza del empresariado y de la ciudadanía en general.

Y aprovecho para expresar nuestra gratitud a la Cámara de Comercio de Bogotá y a todas las cámaras de comercio del país.

Son organizaciones que mantienen y fomentan el capital social. Se constituyen en una ayuda irremplazable para los gobiernos. Allí donde queramos avanzar en programas de microcrédito, de financiación de la mediana empresa, allí donde sea necesario convocar a pequeños, medianos y grandes empresarios, para examinar con el Gobierno periódicamente los obstáculos a la producción y al empleo, siempre encontramos con quien hacer esa convocatoria, con quién trabajar esas agendas, con las cámaras de comercio.

Ha sido muy grato en casi siete años de Gobierno este trabajo permanente con las cámaras de comercio de todo el país.

El Gobierno nuestro, que ha trabajado todos estos temas con las cámaras de comercio, reconoce su contribución enorme, enorme, al desarrollo del país.

Confianza en Colombia

Apreciados compatriotas, inmejorable auditorio este que ustedes integran, para referirme a unos aspectos de la vida nacional en un momento difícil de la economía del país y de la economía del mundo.

Primero, permítanme ser repetitivo. Los gobiernos necesitan persistir sobre los elementos que los guían. Tienen que inocularlos en el alma popular, cimentarlos en el corazón de los ciudadanos. Principios elementales y profundos, que creen una gran conciencia de ajustes, pero no de bandazos.

La palabra clave por la que nosotros seguimos trabajando es la palabra confianza en Colombia. Y hay que persistir en ello.

Sustentada en tres valores: la seguridad con todo el respeto a los valores democráticos, la inversión con responsabilidad social y la cohesión social.

En un país con 46 millones de habitantes, con dificultades, con grandes faltantes, lo único que nos permite avanzar hacia la construcción de equidad es un marco de equidad.

Ese marco se da, básicamente, con el avance en materia de seguridad, con el avance en la inversión.

En ausencia de inversión es imposible hablar de cohesión social. Esa prosperidad que pueden crear en el largo plazo la persistencia en la seguridad y en la inversión, nos permite superar pobreza, construir condiciones de equidad, avanzar en ese tercer pilar, que es la cohesión social, que se constituye, en un Estado de opinión, en el gran validador de la seguridad y de la confianza.

Avances en seguridad

Permítanme inicialmente referirme a algunos temas de seguridad, y después, al hacer una mención a los capítulos de política anticíclica que ha implementado el Gobierno para enfrentar este difícil momento de la economía, hacer también unas referencias a la confianza de la inversión y a la cohesión social.

En seguridad hemos avanzado pero falta mucho. Todavía no estamos en un punto irreversible, la lucha es de todas las horas. Hay una gran disminución en todos los delitos.

Este año, a la fecha, llevamos un 16 por ciento menos de crímenes que en el año anterior, pero todavía la acechanza del terrorismo es un peligro para nuestra Patria.

Me quiero referir a algunos intangibles, que son los logros de los cuales poco se comenta en materia de seguridad, los no cuantificables, pero los que se constituyen en el gran patrimonio resultado de esa seguridad.

Hemos recuperado dos monopolios que nunca debimos perder: el monopolio para combatir a los violentos por parte del Estado, para combatir a todas las organizaciones criminales, y el monopolio de la justicia.

La palabra paramilitar surgió en Colombia para denominar a bandas privadas criminales, cuyo propósito era combatir a la guerrilla. Hemos desmontado el paramilitarismo.

En el país hoy hay guerrillas narcotraficantes y bandas de narcotráfico, tienen entre ellos una relación mafiosa, en algunas partes del país se unen y en otras se enfrentan, todo alrededor del botín del narcotráfico. Pero el monopolio para combatir a unos y a otros lo ha recuperado el Estado.

El país tiene más de 50 mil desmovilizados. Este es un avance bien importante. Muestra cómo una política firme de seguridad puede ir acompañada de una política generosa de recuperación.

En muchas regiones de Colombia, la justicia había sido desplazada y reemplazada por cabecillas de paramilitares y cabecillas de guerrilla. Resolvían los pleitos entre vecinos, las querellas de familia, crímenes menores y crímenes mayores. Hoy en todo el territorio se ha recuperado la presencia y la vigencia de la justicia democrática del Estado.

Las víctimas no se quejaban. Su lamento no pasaba de los funerales, por temor y porque lo encontraban inútil. Hoy tenemos registradas más de 220 mil víctimas en el listado para reparación.

Las diferentes normas que hemos aprobado nos permitirán ya en los próximos días empezar el proceso del componente pecuniario de la reparación.

Además de los 300 millones de dólares que hemos entregado en estos años, ahora daremos otro paso: nos proponemos en este año, desde los próximos días, entregar los primeros 200 mil millones como componente complementario, monetario de reparación, a las primeras 10 mil víctimas.

Y así seguiremos, presupuesto tras presupuesto.

Hemos logrado un equilibrio entre aquello que se necesita en materia de reparación y las posibilidades fiscales del Estado. Por eso el Gobierno debió oponerse al proyecto de ley que se conciliaba la semana pasada en el Congreso. Logramos que en esa oposición nos acompañaran las mayorías del Congreso.

Ese proyecto invitaba a un costo de más de 82 billones de pesos, en un Estado que recauda para el Gobierno Central 68 billones. Ese proyecto igualaba las víctimas de los agentes terroristas a las supuestas víctimas de los agentes del Estado.

No se puede nivelar, en un país que necesita apoyar a sus Fuerzas Armadas para exigirles transparencia y eficacia, no se puede nivelar el tratamiento a las Fuerzas Armadas con el tratamiento al terrorismo.

Esas dos razones nos llevaron a pedirles a las mayorías del Congreso que se opusieran a ese proyecto de ley. Lo que no obsta para que avancemos, como estamos avanzando, en la reparación pecuniaria de las víctimas.

En Colombia hoy hay más confianza de los ciudadanos en las Fuerzas Institucionales del Estado, y se le puso punto final a aquella perversa tendencia que llevaba a un creciente número de ciudadanos a aislarse de la sociedad, a no acudir a las Fuerzas institucionales, a buscar por sus propios medios la protección frente a las amenazas de la inseguridad. Hoy los ciudadanos tienen más confianza.

Esto se ha adelantado con total respeto a las libertades públicas, a los derechos políticos. Otros países con amenazas menos graves, en nombre de la seguridad, suprimieron libertades, adoptaron legislaciones marciales, expulsaron el pluralismo. Nosotros hemos adelantado esta política de seguridad con legislación ordinaria, con pleno respeto a las libertades, con pleno respeto al pluralismo.

Óigase bien, apreciados compatriotas: Colombia protege hoy a 10 mil personas con protección individual directa. Eso debe costar este año al presupuesto nacional cerca de 45 millones de dólares. Es difícil encontrar un país que preste este servicio.

Nos proponemos, en el curso de los próximos días, producir las normas que hagan una reforma estructural al DAS, que hagan una reducción sustancial, que se cree una nueva estructura para poder superar problemas endémicos.

Estamos trabajando para que nuestras Fuerzas Armadas se caractericen por la eficacia y por la transparencia.

No vacilamos en sancionar cualquier violación a los derechos humanos, pero tampoco podemos vacilar en denunciar las falsas acusaciones.

El que quiere deshonrar a las Fuerzas Armadas, maltratar la política de Seguridad Democrática, lanza una falsa acusación.

La guerrilla se ha propuesto que allí donde las Fuerzas Armadas le propicien una baja, inmediatamente tienen una organización política al servicio del terrorismo que denuncia eso como falso positivo, que lo denuncia como homicidio fuera de combate. Eso tampoco lo podemos permitir.

Una cosa es la fortaleza del Gobierno para exigir en su política de respaldo a las Fuerzas Armadas la lealtad total a los derechos humanos, y otra cosa es aquello en que no puede caer el Gobierno.

El Gobierno, por complacer a sectores que vociferan en lo nacional o en lo internacional, no puede sumarse simplemente con el fin de que no sea cuestionado al canto que trata de desacreditar a las Fuerzas Armadas.

El Gobierno no puede vacilar, salvar apariencias, tener temor en denunciar las falsas acusaciones contra las Fuerzas Armadas.

Y así como hay que tener toda la firmeza para sancionar cualquier violación de derechos humanos, también hay que tener todo el valor civil para denunciar que una estrategia de los terroristas es el descrédito de las Fuerzas Armadas, a través de falsas acusaciones.

La política anticíclica

Trabajamos el capítulo de infraestructura, las redes de protección social, la financiación del Estado y los particulares, la confianza inversionista.

El capítulo de infraestructura no se ha improvisado. Alguna diferencia tiene nuestra política anticíclica con lo que es la política anticíclica en muchos países del mundo.

Nosotros hemos vivido en crisis, nosotros empezamos este Gobierno en crisis: en septiembre de 2002 no teníamos con qué pagarles a los maestros, ni con qué pagarles a los soldados. La tasa de inversión se había reducido al 12 por ciento. Colombia, por esos años, había tocado niveles de desempleo del 20 por ciento, y niveles de pobreza cercanos al 60 por ciento.

Nosotros hemos trabajado, desde el primer día del Gobierno con el propósito de superar la crisis.

Por eso a nosotros la crisis no nos ha sorprendido. No hemos tenido que salir de prisa a buscar construir una política anticíclica. La veníamos preparando, y por supuesto, tratamos de enriquecerla diariamente.

El país tiene un gran atraso en infraestructura, pero también es una gran oportunidad. No es fácil.

He repetido en muchas reuniones a mis compatriotas recientemente que hace no mucho Bolivia celebró un día dedicado al mar, y medimos la distancia entre La Paz, la capital boliviana, y el Pacífico. Es una distancia menor a la distancia entre Bogotá y el Pacífico, y es inferior a la mitad a la distancia entre Bogotá y el Caribe.

De Bogotá a Buenaventura hay 580 kilómetros, de la más difícil topografía, y de Bogotá Santa Marta hay mil kilómetros. Es admirable la prosperidad de Bogotá, la capacidad de emprendimiento de nuestros compatriotas en Bogotá: tener esta gran prosperidad a tanta distancia del mar.

Vamos a cumplir la meta de invertir este año 55 billones de pesos en infraestructura: 32 billones a cargo de los particulares vinculados al Estado, contratistas y concesionarios, y 23 billones a cargo de los presupuestos públicos.

Los particulares: hay una inversión en las concesiones. Una gran inversión en los nuevos contratos de generación de energía. El país ha creado un marco de confianza.

Por ejemplo, en el pasado el Estado tuvo que hacer grandes esfuerzos en su presupuesto y en su endeudamiento para los proyectos de generación de energía.

El endeudamiento público llegó a tener que, de su total, el 25 por ciento correspondía al sector eléctrico. Hoy apenas el tres por ciento.

Una de las ganancias derivadas de confianza en Colombia es la inversión de los particulares en el sector de generación y de empresas independientes. Tienen el beneficio de zonas francas, tienen el beneficio de los contratos de estabilidad a 20 años, tienen el beneficio del cargo por confiabilidad.

El país, que tiene hoy una capacidad instalada para generar 13 millones de kilovatios, en los próximos años, de acuerdo con los contratos existentes, tendrá capacidad adicional para otros 4 millones, con grandes posibilidades.

Hoy nosotros, que poco producimos y pocas reservas tenemos en comparación, estamos entregando 300 millones de pies cúbicos de gas diarios a Venezuela, aproximadamente 80 mil kilovatios de energía, y a la hermana Ecuador hay días que le hemos entregado 500 mil kilovatios de energía, que es el 20 por ciento del consumo ecuatoriano, a un precio sustancialmente inferior para los consumidores de este país.

Una de las grandes posibilidades de Colombia es la exportación de energía.

Confiamos que pronto empiece la construcción de una línea de más de 600 kilómetros a Panamá. Ayer se confirmó toda la voluntad con el Gobierno entrante de Panamá. Y que terminen los estudios para construir el cable submarino a Puerto Rico y a República Dominicana.

El mundo puede tener dos crisis que sucedan a la actual. Si la actual crisis de la economía frena la inversión en energéticos, en energías alternativas, en energías convencionales, en energía limpias, la recuperación de la economía podría ser afectada por falta de disponibilidad de energéticos.

En Colombia eso no va a ocurrir, porque ha seguido una gran inversión en el tema.

Y la otra crisis es la crisis del endeudamiento. Por eso, como lo vamos a ver más adelante, el Gobierno, en el afán de haber cerrado el financiamiento público externo de 2009, de avanzar en el financiamiento público externo de 2010, tiene el buen cuidado de conciliar el interés de corto plazo con la prudencia para no copar espacios ni crear situaciones de difícil manejo para las administraciones del futuro.

Este año el esfuerzo de infraestructura comprende el sector de energía y minas, comprende el sector de carreteras, puertos, aeropuertos, el sector de ferrocarriles, el sector de vivienda, el sector de agua potable.

Los Planes Departamentales de Agua han permitido que los municipios se agrupen alrededor de los departamentos, lo que da mayor fuerza al ente intermedio de Gobierno, también evita asignaciones caprichosas: a un municipio sí, y a otro no.

Confiamos que este año podamos ejecutar una inversión en los Planes Departamentales de Agua de alrededor de un billón 700 mil millones.

Vivienda

Tenemos problemas en sectores de vivienda. Allí dependemos mucho de decisiones que tomen las alcaldías. Hemos tomado dos medidas recientes.

Una medida para, con recursos del Fondo de Estabilización de Cartera Hipotecaria, apoyar garantías de hasta el 70 por ciento a los créditos, para lo que los sectores populares mejoren la vivienda.

El mejoramiento masivo de vivienda puede dar una gran contribución a la calidad de vida y a la generación de empleo en este momento tan difícil.

Y por cuenta del mismo Fondo de Estabilización de Cartera Hipotecaria, inicialmente nos pusimos subsidiar 32 mil créditos de vivienda, que pueden ser 47 mil.

Subsidio a la tasa de interés para viviendas hasta de 70 millones, aproximadamente, para ésta, cinco puntos de subsidios durante 7 años.

Para viviendas hasta 140 millones, cuatro puntos de subsidio durante 7 años, y para viviendas hasta 170 millones, tres puntos de subsidio.

A la fecha, llevamos desembolsados casi 8 mil créditos, y aprobados 17 mil. El Gobierno confía que eso le dé un gran estímulo a la recuperación de la construcción de vivienda.

Y nos permitiremos presentar el 20 de julio, a consideración del Congreso, unas normas para recuperar la fuente de suministro de recursos al Fondo de Estabilización de Cartera Hipotecaria, a fin de que ese fondo pueda seguir subsidiando vivienda en la tasa de interés para los sectores medios y populares de la Nación.

Por supuesto, apreciados compatriotas, ese fondo es uno de los factores de ahorro que este Gobierno había logrado, no lo habíamos tocado. Durante este Gobierno ese fondo ha acumulado 600 mil millones.

En este momento de crisis, para esos dos propósitos de financiación de mejoramiento y tasa de interés de vivienda, empieza el proceso de desacumulación. Pero para mantener la figura, y mantenerla con esa provisión permanente de recursos, acudiremos al Congreso de la República, el 20 de julio.

Puertos y ferrocarriles

En el tema de puertos el país registra una gran recuperación. Nosotros adoptamos dos decisiones: la decisión de la extensión de las concesiones, y la decisión de darle a los puertos tratamiento de zona franca.

La Sociedad Portuaria de Cartagena, al principio de este Gobierno, movilizaba 100 mil contenedores al año, este año puede movilizar millón y medio de contenedores.

Ustedes encuentran hoy en las diferentes ciudades portuarias de Colombia un gran avance en instalación de infraestructura y en instalación de logística portuaria.

El lunes anterior festivo, asistimos a Buenaventura y a Popayán. En Buenaventura con motivo de un buque hospital que nos entregaban con donación italiana, y para firmar los contratos que nos permiten ya tener en su totalidad contratado el trayecto de la doble calzada: Bogotá-Buenaventura. Diría: Sogamoso-Bogotá-Buenaventura.

Pero encuentra uno allí un gran avance portuario, además de una recuperación de la sociedad tradicional portuaria Buenaventura, en construcción tres nuevos puertos. Además se construyó la variante alterna-interna en Buenaventura con un costo de 180 mil millones, y estamos construyendo 3 mil 500 viviendas.

Confío que todas estas decisiones para los puertos colombianos permitan seguir asistiendo a ese proceso de mejoramiento acelerado de los puertos.

En ferrocarriles resolvimos los dos pleitos: el pleito de la concesión del ferrocarril del Atlántico y el pleito de la concesión del ferrocarril de Buenaventura.

En el ferrocarril de Buenaventura ya se han invertido 150 millones de dólares por nuestro Gobierno. El nuevo concesionario ha empezado a prestar servicio, y se constituye en una gran alternativa, especialmente ahora, cuando habrá afectaciones en la carretera con motivo de las obras de construcción de la segunda calzada.

El ferrocarril del Magdalena. En el trayecto de La Loma-Santa Marta, ha doblado en su capacidad en toneladas de carbón. Está construyendo la segunda calzada, y está en proceso de licitación la recuperación del ferrocarril desde La Dorada al sur, a Buenos Aires, cerca de Ibagué, porque está bastante recuperado hasta La Dorada, y también la selección del concesionario.

Y se ha desacelerado el estudio de estructuración de concesión para el ferrocarril que sube del Río Magdalena a la meseta cundiboyacense, bien sea por El Carare o por Belencito, por el Río Chicamocha. Inicialmente del Río Magdalena por la vieja banca a Bucaramanga, y de allí a conectar con el Río Chicamocha.

El tema de aeropuertos

Resueltos pleitos de algunas concesiones, hemos adjudicado nuevas concesiones en grupo.

Hay una concesión nueva, que incluye los aeropuertos, los dos de Medellín, el de Quibdó, el de Montería, el de Urabá y el de Corozal, en plena ejecución.

Este año se están estructurando dos nuevas concesiones grupales. La concesión que incluye: Bucaramanga, Cúcuta, Barrancabermeja, Valledupar, La Guajira, y la concesión de los aeropuertos del Eje Cafetero.

La más importante, la concesión del aeropuerto El Dorado, que como lo dijo la doctora María Fernanda, convertirá al aeropuerto El Dorado en uno de los aeropuertos más moderno de todo el continente.

El Gobierno sacrifica el 46 por ciento de los ingresos de El Dorado, para que la concesión los invierta en el mejoramiento. Con esos ingresos el Gobierno atendía los otros aeropuertos de Colombia.

Haber concesionado El Dorado ha implicado que el Gobierno haga un esfuerzo fiscal alternativo, para que con fuentes distintas al origen de recursos en el aeropuerto El Dorado, se atiendan los otros aeropuertos de Colombia. Pero eso se necesitaba.

Confiamos en que rápidamente el concesionario pueda entregar la zona de carga, el edifico de administración y el centro de estudios aeronáuticos, además de la nueva estación de bomberos, y que el país empiece a ver allí la realidad de un aeropuerto de última generación, de un aeropuerto de estado de arte.

Infraestructura

En el tema de las carreteras, el atraso del país ha sido enorme, pero creemos ir por un camino de recuperación.

Les confieso que cuando empezamos el Gobierno, nos daba miedo enfrentar el tema, porque nos sentíamos sin dinero, todas las concesiones estaban en pleito, bastante quebrada la ingeniería nacional y no había proyectos.

Hoy, están resueltos todos los pleitos de carreteras, todas las viejas concesiones están operando, después de resolver esos pleitos, y el Gobierno ha tenido éxito en todas las nuevas concesiones adjudicadas.

Cuando empezó el Gobierno teníamos 55 kilómetros de doble calzada, hoy tenemos 660 kilómetros de dobles calzadas, y confiamos que rápidamente el país llegue a un promedio de construcción entre 150 y 190 kilómetros de dobles calzadas por año.

Permítanme, en lo que incumbe más cercanamente a Bogotá: hemos construido 115 kilómetros de doble calzada entre Briceño, en la salida norte de Bogotá, Sogamoso. Confiamos que para finales de 2010 esté completa esa doble calzada.

Y la adjudicación reciente de los corredores de competitividad, que incluyó mil 520 kilómetros, con un costo de mil millones de dólares.

Corredores de competitividad en casi todo el país, incluye también el tramo entre Sogamoso y Cusiana, en la carretera Sogamoso-Yopal, para ponerlo en condiciones óptimas, a fin de que esta doble calzada sea la salida de Bogotá hacia esa gran carretera del Llano, otra vía de comunicación con la ciudad de Caracas.

Con regalías del Gobierno de Arauca, con intervención del Gobierno Nacional y ejecución a través de los ingenieros militares, hemos construido buena parte del trayecto entre Tame y la capital de Arauca.

En Bogotá, el Gobierno Nacional ha hecho un gran aporte para la doble calzada que conecte el sur de la ciudad, con el primer túnel a Villavicencio.

Ha construido los primero kilómetros de la vía ALO (Avenida Longitudinal de Occidente); hemos pasado en Bogotá, en estos años, de tener 34 kilómetros de Transmilenio, hoy tenemos 84.

El Gobierno Nacional, en sus primeros cuatro meses, en 2002, definió una ruta totalmente clara para Bogotá, que le asignó a la ciudad 980 millones de dólares, para poder avanzar en la construcción de Transmilenio. Hoy con aportes del Gobierno Nacional del 70 por cierto, se están construyendo otros 20 kilómetros de Transmilenio en Bogotá.

Y hemos suscrito con el señor Gobernador (de Cundinamarca, Andrés González) y con el señor Alcalde (de Bogotá, Samuel Moreno), el acuerdo para que el Gobierno Nacional mantenga vigencias futuras indefinidas, en favor de Bogotá y de la región Bogotá-Cundinamarca, por 250 mil millones de pesos al año, año tras año, fin de que se continúe con la extensión del Transmilenio, se empiece la construcción del Metro y se construya el Tren de Cercanías.

Suscrito como está ese acuerdo, ahora esperamos, para llevarlo al nivel de Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social) y para empezar a expedir esas vigencias futuras, que culminen los estudios.

La tesis del Gobierno Nacional ha sido que estas obras no pueden ser obras excluyentes, sino complementarias. Que en lugar de tener una pequeña pelea, porque se dice que Bogotá tiene que hacer el Metro o que no puede hacer el Metro sino el Transmilenio, que para qué el sistema de Tren de Cercanías, el Gobierno Nacional ha expresado que todas estas obras son complementarias, que pueden hacer parte del gran proceso de modernización de la ciudad, y que el Gobierno Nacional, en lugar de asumir la actitud cicatera o mezquina de poner en pelea estas obras, lo que quiere es contribuir a financiarlas como obras complementarias que requiere la ciudad.

Nosotros hemos avanzado en la doble calzada Bogotá-Girardot. Estamos próximos a entregar culminada la excavación del túnel de Sumapaz. Este año se conmemoran los 100 años del nacimiento del Presidente Guillermo León Valencia. Un ejemplo de transparencia y de firmeza contra los violentos.

Es importante rescatar la figura de Valencia ante la historia. El túnel del Sumapaz llevará el nombre del presidente Guillermo León Valencia. Y esperamos que el concesionario nos quede bien y que por tardar en enero ese túnel esté operando debidamente.

Y avanza el tramo de Girardot a Ibagué (Tolima). En el Gobierno nuestro construimos la primera parte del túnel de la Línea, lo que se llama: el túnel de prueba, la excavación básica. El túnel que sirve de plataforma de construcción del túnel de tránsito.

Y ya hemos contratado el túnel de tránsito. En los próximos días, como ustedes lo saben, el país asistirá ya a la iniciación de ejecución de las obras del túnel de tránsito. En este momento los contratistas se están instalando en la zona.

Hemos recuperado, totalmente, el ritmo de las autopistas del café, de la malla vial vallecaucana. Ustedes pueden ir hoy. Casi sin interrupción de doble calzada de Santander de Quilichao, en el sur de Cali, a la ciudad de Manizales.

Y ese esquema servirá para la doble calzada de Bogotá – Buenaventura. Y como ya les expresé, ha quedado, totalmente, totalment, contratado el tramo entre Buga y Buenaventura, y ya está en construcción en dos trayectos.

Confiamos que antes de finalizar este año podamos adjudicar la ‘Ruta del Sol’. La doble calzada de Villeta (Cundinamarca) a Santa Marta (Magdalena), porque ya está en plena construcción, al doble calzada de aquí, de la salida de Subachoque, de Punta de Piedra, al Alto del Rosal y a Villeta.

El Gobierno ha separado las vigencias presupuestales futuras, que le garantizarán al país la construcción de esa doble calzada, necesaria para nuestra competitividad.

Estamos también en el proceso de licitación para fusionar las siete concesiones del Caribe, seis de las cuales han sido adjudicadas por este Gobierno. Fusionarlas en una sola y agregarles unos tramos que faltan, para garantizar una carretera de óptimas condiciones entre Palo de Letras, en la frontera con Panamá, y el puente de Paraguachón, en la frontera con Venezuela.

Algunos tramos de estas carreteras ya están en construcción. No tan adelante como en otras partes del país, porque no había concesiones y no había proyectos y no había diseños. Pero estamos haciendo todo el esfuerzo para ese desatraso.

Y confiamos, también, que este año el país pueda avanzar en un gran experimento, la construcción de carreteras, a través de Interconexión Eléctrica S.A.

Aspiramos a hacer el ensayo con Autopistas de la Montaña, aprovechando la confianza que los colombianos tienen en Interconexión Eléctrica S.A.

El contrato previsto es un contrato de libro abierto. Interconexión Eléctrica factura el valor de la obra, cobra una prima por administración o algún factor semejante. Y se construye de acuerdo a costos, más esa prima.

Qué bueno que rápidamente podamos tener ese contrato en ejecución.

Este sábado que viene no vamos a realizar Consejo Comunitario, porque estaremos en varias capitales de Colombia asistiendo al perfeccionamiento de los nuevos contratos de grandes carreteras.

Por ejemplo, a lo que hicimos en Popayán, el lunes festivo anterior, no ayer, le sumaremos obras en muchas ciudades de Colombia.

¿Qué se definió en Popayán? Se suscribieron contratos para poder avanzar en la rectificación y pavimentación de la troncal del norte de Nariño, la gran alternativa a la Panamericana.

Quedaron contratadas las dos vías entre el Cauca y el Huila, que desembotellan ambos departamentos.

Esta contratándose con el Ejercito (Nacional), la vía de La Uribe, en el departamento del Meta, a Colombia, Huila. Entonces eso permitirá una comunicación de los Llanos Orientales al valle del río Magdalena. Remontar la cordillera, el macizo colombiano, llegar a Popayán y buscar otras salidas al Pacífico.

Hemos avanzado. Casi toda la vía del Putumayo está hoy pavimentada. Y hemos adjudicado y vamos a firmar el contrato para el trayecto que falta entre Santa Ana y el puente internacional de San Miguel, en la frontera con la hermana Ecuador.

En los Llanos Orientales estamos culminando la pavimentación de los 120 kilómetros entre Puerto López y Puerto Gaitán. De Granada a San José del Guaviare son 230 kilómetros. Este Gobierno ha pavimentado 196. Y acabamos de adjudicar el contrato para los 34 restantes.

En el área de Boyacá y Cundinamarca, la concesión de la doble calzada Briceño – Tunja – Sogamoso – recibirá, también, la vía alterna al Llano. Del Sisga al Llano.

Y por contratación de obra pública, además de haber contratado el trayecto de Sogamoso a Cusiana, se ha contratado el trayecto que falta de Chiquinquirá a Puerto Boyacá. Y el trayecto que falta por el Cañón de Landázuri, de gran importancia para Bogotá, Boyacá y los santanderes, a fin de bajar por Barbosa y Vélez a comitarra, y conectar con lo que será ‘la Ruta del Sol’. La carretera Bogotá – Santa Marta.

Y hemos contratado el trayecto básico de la doble calzada entre Bucaramanga y Pamplona. Estamos buscando recursos para poder fortalecer la concesión del área metropolitana de Cúcuta, cuyos peajes programados se le diezmaron muchísimo por oposición en el área de frontera, estamos buscando recursos, a ver esa concesión cómo puede construir la doble calzada Cúcuta – Pamplona. Y asegurar la totalidad de la doble calzada Bucaramanga – Cúcuta.

Ya llevamos, en lo que es la vía de penetración a La Mojana, una de las grandes aspiraciones del Caribe colombiano, 50 kilómetros de formación de terraplén, de sub-base, base y de pavimento. Nos quedan faltando otros 70 kilómetros en esa vía.

Se está procurando hacer un esfuerzo en vías, en todo el país, apreciados compatriotas.

Y además del Transmilenio de Bogotá, tenemos en funcionamiento Transmilenios empezados desde cero, en este Gobierno. El de Pereira, el de Cali. Los estamos construyendo en otras seis ciudades colombianas. Ya le sumamos el de Soacha (Cundinamarca) y hay otras ciudades que recientemente han obtenido la cofinanciación del Gobierno, como son Santa Marta y Pasto, y hay otras ocho ciudades colombianas haciendo fila para esa financiación.

Tenemos, pues, toda la decisión de sacar adelante esta tarea de infraestructura para desatrasar al país.

Red de protección social

El segundo capítulo es la red de protección social. Tenemos ya 41 millones de colombianos con seguro de salud.

Problemas: hay una gran distancia entre la cobertura del régimen subsidiado en servicios y la del régimen contributivo. Nivelarlos cuesta seis billones. No lo podemos hacer de la noche a la mañana, pero estamos en la tarea de irlo haciendo paulatinamente.

Y a pesar de toda la intervención que hemos tenido en hospitales en el país, todavía tenemos serias fallas en algunas regiones de la Nación.

Estamos entregando en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), 14 millones 156 mil porciones alimentarias al día. Y lo hemos fortalecido este año, con miras a que contribuya en este momento difícil de la economía.

Nos hemos propuesto llegar a tres millones de Familias en Acción. Vamos en dos millones 600 mil. Un programa estructural de la mayor importancia. Evita la deserción, garantiza la educación de los hijos de las familias más pobres, que completen su ciclo escolar, con lo que finalmente Colombia puede garantizar superar pobreza y construir equidad.

A Familias en Acción se suma un gran esfuerzo que empezó el año pasado en gratuidad educativa. Este año le garantizamos gratuidad educativa a cinco millones de niñitos. Todo el esfuerzo de Bienestar Familiar.

Hemos logrado pasar de un 78 por ciento a casi un ciento por ciento en cobertura de educación básica. En educación media del 57 al 78. Estamos procurando desatrasar la cobertura en educación de primera infancia.

Teníamos menos de un millón de estudiantes universitarios. Hoy nos estamos aproximando, con el nuevo paso del Sena, a millón 700 mil estudiantes universitarios.

Financiábamos con el Icetex 60 mil créditos. Ya hemos superado los 250 mil y vamos para 300 mil.

Se ha aprobado la nueva Ley de Ciencia de Tecnología.

Por supuesto, todavía tenemos un gran atraso en conectividad, a pesar de crecimientos anuales del 35 por ciento, y en muchas regiones de Colombia la cobertura ha desbordado la infraestructura escolar, donde el país tiene una tarea muy grande por ejecutar.

El Sena ha hecho una revolución, y creo que las Cámaras de Comercio lo han contratado. Es una de las 437 entidades reformadas por este Gobierno. Ha pasado de atender en formación vocacional a un millón 100 mil colombianos por año. Este año atiende a seis millones.

Tenía matriculados 41 mil estudiantes en programas técnicos y tecnológicos, hoy tiene 295 mil.

Ya ha empezado, como parte de la política anticíclica, el Plan 250 Mil. Otros 250 mil jóvenes colombianos matriculados en el Sena, en programas especialmente orientados a los nuevos oficios, porque son conscientes que la crisis de la economía no permitirá que se revivan cantidades de trabajo que se tenían antes en muchos de los oficios tradicionales.

De esos 250 mil nuevos matriculados en el Sena, 30 mil tendrán un subsidio de manutención y de transporte.

El Sena le está llegando hoy, se procura llegar este año a un millón de colombianos en enseñanza en inglés, como segunda lengua, a través de internet. La mayoría de los profesores de nuestro archipiélago de San Andrés y Providencia (y Santa Catalina). En fin, la identidad está haciendo un esfuerzo enorme.

Con las Cámaras de Comercio hemos avanzado en el tema microcrédito, Banca de Oportunidades. Nos hemos propuesto, este año, entregar millón y medio de microcréditos. Ojalá podamos cumplir esa meta.

Diría que el microcrédito (y esta tesis nos la avaló el profesor Muhammad Yunus, el Premio Nobel de la Paz), que el esquema menos costoso y de más rápida capacidad de producir efectos para enfrentar una crisis de la economía, como la actual.

En este segundo Gobierno hemos entregado en Banca de Oportunidades tres millones 900 mil microcréditos. De ellos un millón 190 mil a colombianos que por primera vez reciben el crédito.

Muchos colombianos me preguntan: ‘Presidente, ¿para qué se habla de confianza, si en esta época de crisis no va a haber inversión donde hay desconfianza, y tampoco aquí donde hay confianza?’.

Nosotros hemos aumentado mucho la inversión en Colombia gracias a que se ha construido confianza en Colombia.

La tasa de inversión pasó del 12 – 14. En los últimos años ha estado entre el 24 y el 28. En el primer trimestre de este año, a pesar de las dificultades de la economía, se sostuvo en el 25.

La tasa de inversión, la cantidad de inversión extranjera pasó de mil, mil 500, 700, picos de dos mil millones de dólares, en los últimos años, ocho mil 500, seis mil 500. Nueve mil 28, 10 mil 564. A cinco de junio, hoy se publicó la noticia de que el país había recibido alrededor de tres mil 300 millones de dólares de inversión extranjera. Un 16 por ciento menos que el año pasado, pero de todas maneras un porcentaje muy superior al promedio de los países en esta crisis de la economía.

Hemos recibido en el periodo enero – junio, en un año de crisis, tres veces lo que en promedio se recibía en periodos anteriores.

Esa confianza es fundamental. En el caso extremo de que la crisis se prolongue tanto y sea tan severa que se frene el flujo de inversión, nosotros creemos que hay que perseverar en la confianza, porque Colombia se está convirtiendo en un destino muy atractivo de inversión, para la inversión doméstica y la inversión internacional.

En el momento que se consolide una tendencia de recuperación de la economía, el país tendrá que beneficiarse, nuevamente, de un gran flujo de inversión. Por eso hay que mantener la confianza.

Reformas

Para mantener esa confianza se han hecho una serie de reformas y se adelantan otras. Que la reforma de las transferencias, que la reforma que eliminó los privilegios pensionales, que reformas laborales, que reformas tributarias.

La reforma administrativa es la menos analizada por los economistas y la más importante. Ha reformado 437 entidades del Estado. ¿Qué tal que no se hubiera reformado a Ecopetrol, a Telecom, que no hubiéramos reformado las clínicas del Seguro Social?

Basta mirar una sola de las clínicas del Seguro Social en Bogotá, y comparar lo que eran a lo que son. Allí erradicamos la politiquería, el clientelismo, los excesos sindicales. Están hoy a cargo de la Fundación de Hermanos de San Juan de Dios, de la Universidad del Rosario, de la Caja de Compensación Familiar Compensar, y han mejorado sustancialmente. Ese proceso lo venimos adelantando en todo el país.

Ahora estamos en lo que es la liquidación de Cajanal Pensiones, porque en el inicio del Gobierno nos dimos a la tarea de liquidar Cajanal Salud. Un proceso muy difícil. Consolidado ese proceso, ahora estamos en la liquidación de Cajanal Pensiones.

También estamos en la transformación del sistema de pensiones del Seguro Social, dándoles todas las garantías a los colombianos que son cotizantes y pensionados del Seguro. Jamás les hemos incumplido.

Este año el Gobierno Nacional le traslada al Seguro Social más de siete billones. ¿Por qué? Porque desde 2003 sus cotizaciones no alcanzan para pagarles a los pensionados, y el Gobierno Nacional ha asumido esa carga año tras año, con toda la responsabilidad, sin tener retrasos frente a los pensionados.

Confiamos que la nueva reforma en la institucionalidad de pensiones, se va a sumar a la reforma administrativa que trae el Gobierno en todos los frentes.

Hasta el último día de Gobierno, apreciados compatriotas, vamos a seguir en la tarea de reformar la administración, porque la lucha contra el clientelismo es una lucha que se pronuncia en el discurso de campaña, pero que no se ejerce en la acción de Gobierno.

Nosotros le hemos ahorrado con esta reforma 6,28 por ciento al PIB.

Y ahora tenemos una serie de instituciones en capilla, para que también allí avance la reforma. Para tener un Estado no privatizado por la politiquería y los excesos sindicales, sino un Estado al servicio de toda la comunidad.

Normas laborales y tributarias

Quiero referirme a las normas laborales y tributarias. Creo, apreciados compatriotas, que hay que hacer una profunda reflexión sobre ambas, para garantizar estabilidad en lo fundamental.

Hace pocas semanas el Gobierno le pidió al Congreso de la República que no se aprobara la contrarreforma laboral. Esa reforma laboral de 2002, tan cuestionada, ha sido muy benéfica.

En ausencia de ella, no habríamos tenido el florecimiento que se ha dado en hotelería, el florecimiento que se ha dado en almacenes de cadena, en el sector salud, en aquellos sectores de los servicios que tienen que trabajar 24 horas, que no pueden descansar dominicales ni festivos.

El Congreso en buena hora no aprobó la contrarreforma laboral.

Y me decían los congresistas: ‘Presidente, ¿pero por qué nos pide eso? Nos va a masacrar la oposición. Es muy taquillero decir que echamos para atrás la reforma laboral del 2002 y muy impopular decir que nosotros no quisimos echar para atrás esa reforma’.

Se les explicó –y doy las gracias al Congreso, que realizó una gran tarea- que el país está en un momento de garantizar estabilidad laboral, no crearle obstáculos al empleo.

Pero así como tomamos esa decisión, también nos hemos opuesto a que se desmonten los parafiscales, porque no podemos permitir ni crearle más obstáculos al empleo, ni quitarle beneficios a los trabajadores.

Cuando se examina el tema, les pido a mis compatriotas que se piense en la tributación en concordancia con la legislación laboral, que los estímulos tributarios se examinen también con las cargas laborales que hay, porque si bien en Colombia hay unas altas cargas laborales, también hemos introducido unos incentivos muy importantes a las inversiones y a sectores específicos de la economía. Incentivos generales e incentivos sectoriales.

Y que miremos el tema en el discurrir histórico. El país ha hecho dos profundas reformas laborales: una en 1990 –los mayores aquí la recordamos- que eliminó la retroactividad de las cesantías y otras normas que eran muy dañinas para los trabajadores y para la inversión, y la reforma que se hizo en 2002.

Creo que el país ha llegado a un equilibrio entre un amplio margen de posibilidad de administrar contratos laborales para los empresarios, y un amplio margen de estabilidad para los trabajadores.

Ahora lo que requerimos es cumplir con esas normas y darles estabilidad.

Nosotros creemos que el problema del empleo no se va a resolver eliminando los parafiscales. Estudiosos con mucho juicio concluyen que si se eliminaran los parafiscales, se crearían 200 mil empleos por una vez en Colombia.

¿Y qué haríamos para financiar a las cajas de compensación, al Sena y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar?

Algunos dicen: ‘Presidente, más IVA’. ¿De dónde? ¿En cuánto tendríamos que aumentar la tarifa de IVA para poder recaudar seis billones (de pesos) para estas instituciones?

‘Presidente, más base de IVA’. Con mucho esfuerzo pudimos pasar de una base de IVA del 37 por ciento de los bienes y servicios, a una base de IVA del 54 por ciento.

¿Qué no está gravado hoy en Colombia? No están gravados con IVA los alimentos básicos, la salud, las matrículas educativas, los servicios públicos. Nosotros hicimos tres intentos de avanzar algo allí, pero el Congreso se impuso en la idea de que ese consumo básico, esos servicios básicos para los sectores populares, no se podían gravar.

Hicimos todo el esfuerzo del IVA. Hoy por hoy vemos agotado el espacio.

Creemos que cuando las pequeñas empresas cumplen con el Sena, con las cajas y con Bienestar Familiar, disminuyen las presiones de aumentos salariales, porque los trabajadores de las pequeñas empresas, aquellos que más tienden al salario mínimo, son los grandes beneficiarios del subsidio monetario de las cajas de compensación, de los programas de Bienestar Familiar y de los programas del Sena.

Cuando se llevan esos beneficios a los trabajadores, a través del pago de los parafiscales, entonces se siente menos presión por elevación salarial.

La Pila (Planilla Integrada de Liquidación de Aportes) ha ayudado bastante ha disminuir trámites y a corregir evasión para la financiación estas entidades.

También se discute hoy en Colombia sobre nuestro esquema tributario y las dificultades que pueden avizorarse. Debo recordar las bases de este esquema tributario.

Nosotros nos propusimos no una gran reducción general de tarifas sino unos estímulos a la inversión.

Apreciados compatriotas, el Gobierno aprecia que en una economía crecientemente integrada a la economía mundial, el mejor estímulo al empleo es el estimulo a la inversión.

¿Para que estímulos la empleo sin no hay confianza en la inversión? Por eso nos hemos propuesto, con la legislación tributaria, darle un tratamiento preferencial a quien invierte sobre aquel que no invierte.

Por eso la deducción del 40 por ciento a cada inversión. Por eso las zonas francas, por eso los estímulos a la hotelería, al software, etc.

Hoy se dice que los estímulos están creando un gran hueco fiscal. Nosotros creemos que no. Son inversiones con las que no contábamos. Ingresos que no se iban a generar. Al contrario, cuando gracias a los estímulos se hace una inversión, esa inversión en los años subsiguientes empieza a tributar. Aumenta el patrimonio, aumenta la renta presuntiva. Aumenta, también, el total de la renta líquida gravable.

Nos dicen que los acuerdos de estabilidad jurídica pueden hacer un daño. Creemos que no.

Los inversionistas dicen: ‘Bueno, yo invierto en Colombia bajo estas reglas. ¿Y si mañana me las cambian?’. Por eso se exige esos acuerdos de estabilidad.

El Gobierno, a la fecha, ha firmado 42 acuerdos. Hay seis aprobados en firme. Representan un 2,3 por ciento del impuesto de renta. Y un 5 por ciento del impuesto transitorio de patrimonio.

Vamos a introducir algunos ajustes, vía reglamento. Por ejemplo, todavía el Congreso (de la República) no ha desmontado la acumulación entre la zona franca y la deducción del 40 por ciento.

El Gobierno cree que es injusto que una zona franca además tenga deducción del 40 por ciento. Pero el Gobierno ha sido cuidadoso. No le ha dado estabilidad a esa acumulación.

Impuesto al patrimonio

En los contratos de estabilidad les ha dicho a los inversionistas: les doy estabilidad sobre la zona franca, pero no sobre el derecho a descontar, a deducir el 40 por ciento.

El Gobierno se propone, vía reglamento, también definir que las sobretasas temporales, por ejemplo, un impuesto temporal al patrimonio, no hagan parte de lo que se protege con los acuerdos de estabilidad jurídica.

Y entonces viene el tema del impuesto al patrimonio para la financiación de la seguridad. Nosotros vamos a presentar unos ajustes el 20 de julio. Queremos lograr el mayor nivel de consenso con el sector privado, con las diferentes fuerzas políticas y sociales.

Hablo de ajustes, porque el Gobierno piensa que no podemos afectar una orientación de nuestra legislación tributaria, que va en procura de estimular la inversión en Colombia.

Tomar una decisión de invertir en un país es difícil. Y era muy difícil tomar la decisión de invertir en nuestra Patria.

Estos estímulos son recientes. Qué tal que los deroguemos ahora. Creo que no podemos llegar, por razones electorales, a derogar estos estímulos, cuando estos estímulos han demostrado bondad para promover la inversión en nuestro país. La inversión doméstica y la inversión internacional.

Desde el 2011, por esta desaceleración de la economía, todo anticipa que va a faltar una suma de alrededor de un billón anual para poder darle sostenibilidad a la Seguridad Democrática.

¿Qué se propone el Gobierno? En esta discusión buscar un nuevo impuesto transitorio de patrimonio, que inicialmente excluya a quienes ya lo pagaron. Y que se oriente a aquellos patrimonios que consolidaron elevadas sumas al final de los años fiscales 2007, 2008 y 2009, que se cubre en el 2011.

Y que de ahí en adelante, cuando hay pasado la primera transitoriedad, se estudie una transitoriedad más prolongada en el tiempo, con tarifa baja, para todos los patrimonios de cierto nivel hacia arriba.

Creemos que eso ayuda a financiar la seguridad sin crearles traumas a las reglas de fomento a la inversión.

Algún compatriota me decía: ‘Presidente, pero si eso se va cobrar en el 2011, qué afán?’.

Creo que para crear confianza inversionista, el Gobierno está obligado, en este último tramo, a dar una señal clara, contundente. La señal es reconocer el problema y buscarle una solución. Una solución que mantenga la confianza sin afectar los estímulos.

A mí me preocuparía muchísimo que, por razones de periodo electoral, los estímulos tributarios se pusieran hoy en entredicho en nuestro país. Cuando apenas empieza Colombia a ocupar una posición destacada en los destinos de inversión del mundo, un bandazo sería devastador para esa construcción de confianza.

Financiación de la salud

Y tenemos problemas en la financiación de la salud. Es que hemos avanzado enormemente, compatriotas, en esa cobertura: 41 millones de colombianos hoy asegurados. Nosotros propusimos la Congreso, y el Congreso no le ha dado trámite, una ley para mejorar los ingresos de los departamentos.

En defecto de ello, estamos pensado lo siguiente: avanzar en la legislación de juegos para la salud en las entidades territoriales.

Las motos en Colombia, el parque de motos ha crecido mucho, no paga impuesto de registro distrital, ni impuesto de registro departamental. Tampoco pagan peajes.

Colombia vendía 60 mil motos al año, en los últimos años ha vendido 300 mil, 400 mil, 500 mil. Este año pueden ser 300 mil. Mucho menos que en 2007, pero cinco veces más que en 2002.

Y se nos ha aumentado la accidentalidad. El Soat (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito), el seguro contra accidentes de tránsito, debe mejorar mucho en la lucha contra la evasión. Porque ya se adjudicó, por parte del Gobierno, el registro único de vehículos.

Hay un concesionario particular que empieza a manejar ese registro. Entonces ya no será un registro por cada autoridad de tránsito sino un registro único nacional, que debe controlar la evasión.

El Gobierno está dispuesto también a ajustar esa póliza, a ajustar el Soat, para financiar la salud. Y creemos que, en vista de que no hay impuesto de peaje a las motos, de que las motos no pagan registro, de que no se ha modificado el impuesto de registro a los carros, el Soat podría ser de una gran ayuda para poder resolver el problema de la financiación de la salud.

Y a eso le sumamos lo ya anunciado: buscar reactivar la fuente del Fondo de Estabilización de Cartera Hipotecaria, para poder garantizar sostenibilidad en el tiempo al proceso de subsidiarles tasa de interés a los sectores medios y populares de de la Nación.

Agenda legislativa

El Congreso acaba de aprobar diría que una gran legislatura.

La Reforma Política, para que los partidos sean más cuidadosos en la selección de las listas, las sanciones a los partidos, las sanciones a los representantes legales, la eliminación de las suplencias, total transparencia en la financiación de las colectividades.

Les dice a los partidos: ustedes son responsables y sus representantes legales si se vinculan a sus listas personas relacionadas con los grupos terroristas.

El Principio de Oportunidad; la modernización de la contabilidad colombiana; la nueva Ley de Competencia; en primera vuelta legislativa, la ilegalización de la dosis personal de droga, que ha facilitado tanto la impunidad en la distribución en Colombia, y que es un camino hacia la delincuencia infantil; el nuevo Código de Minas; la nueva Reforma Financiera.

La nueva Reforma Financiera, de gran importancia, no solamente porque le da más flexibilidad a los Fondos de Pensiones, sino porque nos permite enfrentar un gran problema.

¿Saben qué problema inmediato? A pesar de lo que hemos avanzado en afiliación en pensiones, Colombia tiene hoy entre nueve y once millones de trabajadores sin expectativa de pensión.

Ese es uno de los problemas sociales grandes que va a enfrentar el país a medida que se envejezca la actual población laboral, la actual población ocupada.

Nuestra Reforma Laboral de 2005 atribuyó a la Ley la posibilidad de crear un sistema especial de beneficio de retiro para los trabajadores vulnerables. La nueva Ley Financiera ya lo ha autorizado.

Ese beneficio de retiro permanente ya se empezará a aplicar: los trabajadores más vulnerables que no tienen expectativa de pensión, empezarán a ser inscritos en diferentes entidades, se les pedirá un pequeño ahorro, y el Gobierno – en contraprestación- hará un ahorro, ira acumulándose una cuenta, solamente para ser retirada en el momento en que el trabajador cumpla cierta edad o que las condiciones de salud no le permitan seguir trabajando.

Y aspiramos llegar al 20 de julio con una Agenda Legislativa de gran importancia para este último periodo del Congreso, antes lecciones.

Un país con muchas dificultades, pero con muchas posibilidades.

Descentralización e independencia de las instituciones

Una reflexión final: en otros países afectan la descentralización. Colombia tiene en la descentralización la más sólida de las instituciones democráticas.

Aquí el 51 por ciento del gasto lo hacen las regiones. Hay un total respeto por alcaldías, gobernaciones. El Gobierno Nacional para construir gobernabilidad, ha procurado el buen entendimiento con los 1.102 alcaldes de Colombia y con los 32 gobernadores sin detenerse en el origen político de su elección.

La descentralización colombiana es una gran garantía para la democracia.

Es un país con una justicia independiente. El Gobierno Nacional no participa en la integración de la Corte Suprema; tampoco participa en la integración del Consejo de Estado.

La Corte Constitucional tiene nueve miembros, de los cuales tres surgen de ternas que presenta el Gobierno Nacional. El Banco de la República, con periodos de ocho años, garantiza total independencia entre sus decisiones.

Creo que llevamos siete años de Gobierno con total respeto a esta independencia institucional.

La Reforma Constitucional del 91 removió del Gobierno Central la administración de la política criminal; la trasladó a un nivel equiparable con el nivel del Presidente, que es la Fiscalía General de la Nación, que también procede con total autonomía.

Este es un país que avanza en la seguridad, en la confianza, en la cohesión social; que tiene instituciones independientes que garantizan el equilibrio de los poderes públicos. Es un país que tiene que sentirse, todos los días, tranquilo,por la solidez de su democracia.

En momento difícil, pero lo tenemos que afrontar con toda la garra, y con toda la decisión, para salir adelante. Y las Cámaras de Comercio son un gran socio del Gobierno para estos propósitos.

Muchas gracias a la doctora María Fernanda (Campo, Presidenta Ejecutiva Cámara de Comercio de Bogotá) y a la Junta Directiva”.