El Viceministro de Justicia, Miguel Ceballos, anunció que será creada la estructura de apoyo ‘EDA’, para hacer seguimiento, captura y judicialización de grandes delincuentes. El Embajador de la Unión Europea (UE) en Colombia, Fernando Cardesa, aseguró que “todo lo que se había pretendido alcanzar con el programa, está ya prácticamente realizado”.
Bogotá, 30 jun (SP). Con resultados importantes avanza el programa de ‘Fortalecimiento a la justicia y reducción de la impunidad en Colombia’, financiado por la Unión Europea.
Así lo mostraron este martes el Gobierno colombiano, los operadores judiciales del país y delegados de la Unión Europea, tras pasar una revista al proceso de ejecución del proyecto.
Del programa se benefician la Fiscalía General, la Procuraduría, el Consejo Superior de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo, la Vicepresidencia de la República y el Ministerio del Interior y de Justicia, a través de su programa de Acceso a la Justicia.
Según el informe, hasta ahora han sido capacitados 800 defensores públicos en Sistema Penal de Adolescentes, 332 procuradores judiciales penales en Sistema Penal Acusatorio, así como la instalación de una red de 20 formadores con el fin de multiplicar los personeros municipales y distritales.
Ambos procesos de capacitación han sido acompañados por expertos de asistencia técnica internacional.
Además, se apoyó la implementación de la carrera fiscal, lista de elegibles para hacer nombramientos en los 4 mil 697 cargos a proveer en la Fiscalía General de la Nación
Así mismo, continúa realizándose la capacitación en el Sistema Penal Acusatorio a 800 defensores en Neiva, Barranquilla, Medellín, Pereira, Bogotá, Cali, Bucaramanga, Cúcuta, Tunja y Pasto.
Igualmente, la compra y entrega de todos los equipos para el fortalecimiento tecnológico del Consejo Superior de la Judicatura para las audiencias virtuales.
Además se registró el diseño y puesta en funcionamiento del Sistema de Interoperabilidad de la Vicepresidencia de la República para todos los casos de violaciones al Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos.
Creación de estructura de apoyo ‘EDA’
El Viceministro de Justicia, Miguel Ceballos, aseguró que todo este programa del fortalecimiento de la justicia, apoyado por la Unión Europea, ha permitido “descubrir algunas debilidades en la ejecución y en la implementación del sistema penal acusatorio”.
En ese sentido, anunció que el Gobierno ha desarrollado en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, la Dijín, el CTI y la Defensoría Pública, que hace parte de la Defensoría del Pueblo, una estructura de apoyo, “una EDA”, para hacer el seguimiento, la captura y la judicialización de grandes delincuentes y también para hacer la judicialización en zonas apartadas del país.
“El sistema penal acusatorio es muy exigente en la custodias de la prueba y, a veces, hay muchas dificultades en las zonas apartadas para hacer las capturas. Por eso, el Estado, en una labor institucional, se ha unido para ir en conjunto a las regiones y hacer esas capturas y esas judicializaciones, con el fin de evitar las críticas que se están presentando a veces, por ejemplo a los jueces de garantías o la policía judicial, que consisten en que dejan libres a algunas personas.
“Ellos no las dejan libres por caprichos, es por fallas en el procedimiento que se hace de acuerdo al sistema penal acusatorio”, precisó el Viceministro Ceballos.
Unión Europea destaca avances
El Embajador de la Unión Europea, Fernando Cardesa, reconoció que se han logrado “muchas cosas” con el programa que ya está casi punto de concluir.
“Todo lo que se había pretendido alcanzar con el programa está ya prácticamente realizado, sobre todo en lo que tiene que ver con el fortalecimientos de las instituciones, la formación de jueces, magistrados, fiscales, la introducción de la carrera fiscal, el fortalecimientos de la Procuraduría y el establecimiento de un observatorio en materia de justicia y en las casas de la justicia”, dijo Cardesa.
Así mismo, aseguró que el propósito del programa es el fortalecer el sistema procesal y acompañar a las instituciones colombianas en la introducción del proceso penal acusatorio, para acelerar el sistema judicial o focalizarse en aquellos procesos que tienen mayor relevancia en materia de delitos graves y mejorar la situación de impunidad en el país. |
