Comunicado del Ministerio del Interior y de Justicia
  
Bogotá, 4 jun (SP). El Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, se permite informar a la opinión pública que:

1. El Presidente de la República, renunciando a su convicción sobre la conveniencia de mantener unidos los Ministerios del Interior y de Justicia, en respuesta al clamor de varios sectores, entre los que se incluya la Rama Judicial misma y la academia, ha dado instrucciones al Ministro del Interior y de Justicia, para que radique ante el Congreso de la República el proyecto de ley que crea el Ministerio de Justicia y del Derecho, y a su vez reorganiza el Ministerio del Interior.

2. La fusión que hizo el Gobierno Nacional de los Ministerios del Interior y de Justicia respondió a la necesidad de adecuarse a la reforma constitucional de 1991, la cual creó el Consejo Superior de la Judicatura, asignándole facultades para administrar la carrera judicial, para ejercer el control disciplinario de los funcionarios judiciales, de los fiscales y de los abogados; para proyectar el presupuesto y ejecutarlo, entre otras atribuciones que antes estaban en cabeza del Ministerio de Justicia como parte del Ejecutivo.

3. El país atraviesa por una seria crisis en la administración de justicia, atribuible a múltiples factores, unos relacionados con la estructura normativa, otros con los operadores de la justicia. Sin embargo, lo que de ninguna manera puede afirmarse es que dicha crisis esté ligada con la falta de autonomía e independencia de esa Rama, o a la falta de apoyo decidido del Ejecutivo al fortalecimiento mismo del Poder Judicial.

4. Partiendo de la naturaleza misma del Estado de Derecho, debe asumirse con toda claridad que ni el ejecutivo administra justicia, ni la justicia es autoridad administrativa.

5. El Ministerio de Justicia será creado como parte de una 'reforma estructural' a la Rama Judicial, de manera que exista un balance institucional, funcional y técnico, que permita que sin sacrificar la autonomía propia del Poder Judicial, el Ejecutivo pueda contar con una cartera que interactúe de manera más especializada con la rama judicial, lo cual será de gran utilidad para fortalecer la colaboración armónica entre las distintas ramas del Poder Público y mejorar el diseño de estrategias interinstitucionales.