Comunicado de los ministerios de la Protección Social y de Hacienda y Crédito Público

Los ministros de la Protección Social y de Hacienda y Crédito Público, con ocasión de las declaraciones del día de ayer del Señor Procurador General de la Nación en relación con su solicitud de inconstitucionalidad del Decreto 4975 de 2009, “Por el cual se declara el Estado de Emergencia Social”, se permiten informar a la opinión pública:

1.- Que el Señor Procurador General de la Nación reconoce la crisis a la que se ha visto avocado el sector salud en el país.

2.- Que, no obstante las dificultades estructurales que el sistema pudiese tener, también es cierto que durante los últimos meses sobrevino un crecimiento abrupto, acelerado y repentino de prestaciones y obligaciones no previstas en el Plan Obligatorio de Salud (POS). La atención de esas mayores obligaciones, imposibles de prever y para las cuales no existían fuentes de financiación, amenazaban gravemente la prestación del servicio y el derecho a la salud de todos los usuarios.

3.- Que la Corte Constitucional ha reconocido que la agravación rápida e inusitada de un fenómeno ya existente, tiene el carácter de sobreviniente y extraordinario por ocurrir de manera inopinada y anormal.

4.- Que el Gobierno Nacional estableció la gravedad extrema de la situación y el riesgo en que se encontraba la continuidad de la prestación del servicio público de salud, situación que exigía la adopción de medidas inmediatas y así lo expuso oportunamente ante la Corte Constitucional.

5.- Que los instrumentos ordinarios de los que dispone el Gobierno Nacional no eran idóneos ni suficientes para superar la inminente crisis que afectaba el acceso a la salud de todos los colombianos. En efecto, el Gobierno Nacional no cuenta con facultades ordinarias para imponer de manera expedita gravámenes, como tampoco para crear con sentido de urgencia un régimen sancionatorio, ni para cambiar oportunamente normas legales que mejoren el flujo de los recursos del Sistema.

6.- Que, en cuanto a las medidas tributarias, las mismas están debidamente justificadas como lo explicó el Gobierno ante la Corte Constitucional. Hay una apreciación equivocada al entender que dichas medidas pretenden solucionar un problema estructural. En realidad, lo que éstas buscan es ayudar a financiar los hechos abruptos y repentinos que generaron la crisis, protegiendo los recursos que hoy garantizan el acceso a la salud de los colombianos.

7.- Que, a juicio del Gobierno Nacional, de continuar con la dinámica de los nuevos gastos de salud, la situación financiera del sistema hubiera entrado en riesgo de colapso, lo cual constituiría una grave calamidad pública que se debía evitar de manera inmediata.

8.- Que el Gobierno Nacional invita a analizar los importantes avances logrados a sólo 6 semanas de declarada la emergencia social, tales como 1) ahorrar más de 30 mil millones de pesos anuales en la compra de tan sólo 3 medicamentos; 2) permitir que 554 mil barranquilleros del régimen subsidiado, en un programa piloto, disfruten del mismo plan de salud que tienen los del régimen contributivo, unificación que deberá extenderse progresivamente a otras regiones del país; 3) evitar la quiebra de los departamentos con un incremento de sus ingresos para salud por medio de la liberación de recursos que por razón de diferentes normas estaban atrapados sin uso efectivo y ahora podrán utilizarse para pagar servicios de salud. Ejemplos de los recursos liberados: a) más de 60 mil millones de pesos de aportes patronales, b) entrega de 353 mil millones de pesos para el pago de sus cuentas a los hospitales, c) liberación de saldos por liquidación de los contratos del régimen subsidiado (sólo en el caso de Bogotá, le permitirá poner en circulación cerca de 280 mil millones de pesos), entre otros; 4) disponer de un billón de pesos nuevos para pagar los servicios de salud que estén por encima del Plan Obligatorio de Salud (POS); 5) permitir que la Superintendencia Nacional de Salud celebre convenios con la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, por 7 mil 500 millones de pesos, para luchar contra la corrupción; 6) girar 77 mil millones de pesos, a título de pago anticipado, a los agentes del sistema evitando su estrangulamiento financiero.

9.- Que el Gobierno Nacional respeta pero se aparta de los argumentos del Señor Procurador, pues estudió con toda diligencia el cumplimiento de los requisitos señalados por la Constitución para efectos de dicha declaratoria.

10.- Que el Gobierno está seguro que la emergencia se declaró cumpliendo todos los requisitos constitucionales, lo cual ha acreditado ante la Corte Constitucional, y por ello confía en que la Corte estudiará todos los argumentos presentados, en aras del mayor bienestar de los colombianos.

Bogotá, 3 de marzo del 2010.