Comunicado del Ministerio del Interior y de Justicia
 
“El Ministro de Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, se permite informar a la opinión pública que:

1. El Gobierno Nacional lamenta y rechaza de manera vehemente el asesinato del dirigente campesino y defensor de las víctimas de Sucre, Rogelio Martínez Mercado, ocurrido el pasado 18 de mayo.

2. El Programa de Protección de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia recibió el pasado 16 de abril de 2009 una solicitud de protección para el señor Martínez, por parte del Comité Intereclesial de Justicia y Paz. Al respecto, se le requirió allegar la judicialización de las amenazas, y a la Policía Nacional realizar el respectivo estudio de nivel de riesgo y grado de amenaza, el 15 de mayo de 2009.

3. El 2 de septiembre de 2009 se le asignó un medio de comunicación al señor Martínez.

4. El 16 de octubre de 2009, la Secretaría Técnica del Grupo Técnico de Evaluación de Riesgo (Gter) del Programa de Protección a Víctimas y Testigos, en el marco de la Ley 975 de 2005, a cargo de la Fiscalía General de la Nación, solicitó a la Policía Nacional, la asistencia inicial, consistente en satisfacer las necesidades del beneficiario y su núcleo familiar en materia de alimentación, aseo, asistencia médica y hospedaje, así como la adopción de medidas de protección como Plan Padrino o rondas de Policía para el señor Martínez, y la realización del estudio de nivel de riesgo.

5. El 29 de octubre de 2009 se solicitó la continuación de la asistencia inicial al Comandante de Policía del departamento de Sucre, como lo contempla el Decreto 3570 de 2007 de Justicia y Paz, la que fue rechazada por el señor Martínez

6. El 3 de Noviembre de 2009 se solicitó a la Fiscal 11, delegada ante el Tribunal Superior de la Unidad de Justicia y Paz de Barranquilla, certificar si el señor Martínez estaba acreditado como víctima de Justicia y Paz. El mencionado señor no fue acreditado como víctima.

7. El 15 de enero de 2010, el Gter de Barranquilla analizó el caso del señor Martínez y decidió no vincularlo al Programa por no cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 3570 de 2007. No obstante, el señor Martínez continuaba con acompañamiento por parte del comando de Policía de Sucre.

8. El 26 de enero de 2010 el caso fue remitido al programa de protección a personas en situación de desplazamiento forzado del Ministerio del Interior y de Justicia y, mediante trámite de emergencia de ese día, se le asignaron seis tiquetes nacionales y un apoyo de reubicación temporal por un valor de $1.490.700 para salir de la zona de riesgo.

9. Pese a la reiterada insistencia de Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, el señor Rogelio Martínez Mercado se negó a salir de la finca La Alemania, adjudicada por el Incoder para el trabajo de un proyecto agrícola, argumentando que su calidad de representante legal de la empresa comunitaria La Alemania, no se lo permitía.

10. El día 10 de febrero de 2010 se puso en conocimiento del comando de la Armada Nacional la negativa del señor Martínez de salir de la zona de riesgo y se solicitó adoptar las medidas de seguridad preventivas a favor del mencionado señor y su núcleo familiar en la finca La Alemania.

11. El caso fue presentado ante el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos (Crer) de fecha 22 de febrero de 2010, el que recomendó ratificar las medidas de protección aprobadas mediante trámite de emergencia y solicitar a la Defensoría del Pueblo que, a través del defensor comunitario de Sucre, se estableciera comunicación con el señor Martínez para explicarle la importancia de salir de la zona de riesgo y aceptar las medidas de protección asignadas.

12. El señor Rogelio Martínez Mercado expresó de manera verbal y escrita ante la Policía Nacional, el 12 de noviembre de 2009 y el 3 de marzo de 2010, su negativa a salir de su sitio de residencia y a recibir asistencia inicial.

13. Solicitan a las entidades judiciales investigar la responsabilidad que pueda atribuirse a particulares y/o agentes del Estado en esta situación.

Bogotá, 21 de mayo de 2010”.