Minprotección presenta
panorama de la situación del hospital
HAY $10 MIL MILLONES PARA FINANCIAR PROCESO DE
AJUSTE EN HOSPITAL DE CALDAS
Bogotá, 6 oct (SNE). El Ministerio de la Protección
Social informó que hay disponibles 10 mil millones de pesos
para financiar un proceso de ajuste en el Hospital del Caldas,
hecho que contribuiría a superar la crisis que afronta.
De estos 10 mil millones de pesos, 5 mil
millones son aportados por el municipio de Manizales, 3 mil millones
por el Ministerio
de Hacienda y 2 mil millones por el departamento de Caldas como
reconocimiento de servicios prestados a la población pobre
no cubierta por el Régimen Subsidiado.
El Ministerio de la Protección Social elaboró un
documento que presenta un panorama general de la situación
de este centro asistencial.
LA HISTORIA
El Hospital de Caldas nació en 1943 cuando la Asamblea
Departamental dispuso su construcción en un terreno cedido
por el Municipio de Manizales.
Ante la imposibilidad de terminar las obras,
en 1953 fue entregado a la Beneficencia, entidad que lo concluyó en 1960 con recursos
de la Lotería de Manizales.
En ese año se constituyó en Hospital Universitario
de Caldas y su carácter era departamental. Posteriormente,
en cumplimiento de la Ley 10 de 1990 y por un decreto de la Alcaldía
de Manizales, se convirtió en “Hospital de Caldas” y
dejó de ser departamental para convertirse en municipal.
En 1995 otro decreto de la Alcaldía lo transformó en
Empresa Social del Estado (ESE), con lo que adquirió una
categoría especial de entidad pública descentralizada
con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía
administrativa.
COMIENZA LA CRISIS
Para los años 1998 y 1999 el hospital comienza a presentar
signos de deterioro en su función de garantizar las condiciones
adecuadas de funcionamiento y prestación de servicios con
calidad y eficiencia.
Por esta razón el entonces Ministerio de Salud y el de
Hacienda, los gobiernos Departamental y Municipal y el mismo hospital
llevaron a cabo una serie de gestiones para garantizar su sostenibilidad,
las cuales concluyeron en los procesos de ajuste, reactivación
económica y modernización.
Estas gestiones se llevaron a cabo entre
los años 2000
al 2003. El propósito era flexibilizar costos, así como
el ajuste institucional y el mejoramiento de la productividad.
Para esto se suscribieron convenios de
desempeño en 1999
y en 2002 y un acuerdo de reestructuración de pasivos, en
el cual el hospital se acogió a la Ley 550 de 1999, sobre
reactivación económica.
En cumplimiento de los convenios de desempeño, el Ministerio
de la Protección Social destinó en una primera etapa
la suma de 8.716 millones de pesos y posteriormente, en 2002, en
desarrollo del programa de mejoramiento, modernización y
desarrollo institucional del Hospital de Caldas, asignó otros
7.200 millones de pesos.
Como resultado de este proceso, además de la reducción
en la planta de personal hasta llegar a los 450 empleados con que
cuenta actualmente la institución, se implementaron acciones
que disminuyeron los altos costos de operación, especialmente
los laborales, se logró la diversificación de las
formas de contratación y el aumento de los niveles de productividad,
aunque este último no en los niveles requeridos.
En cuanto a la reestructuración de pasivos, inicialmente
el hospital cumplió con el pago de las deudas de acuerdo
con lo establecido en el compromiso, pero posteriormente no pudo
seguir cumpliendo con lo pactado, debido, entre otras cosas, al
alto valor de la cartera por recuperar y al incumplimiento de pago
por parte de las EPS, ARS, aseguradoras y entidades del Estado.
De acuerdo con el director territorial
de Salud de Caldas, Francisco González, se estima que
actualmente las deudas del hospital ascienden a cerca de 12.000
millones de pesos, siendo los mayores
acreedores el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y el Instituto de
Fomento Industrial de Manizales (Infimanizales).
NO SIRVIERON LOS REMEDIOS
En consecuencia, a pesar
de todas estas acciones, el hospital sigue presentando problemas
que no le permiten
responder adecuadamente
a su objeto social de prestar servicios de tercer nivel de complejidad
a la población. Se destacan los siguientes, de acuerdo con
un informe de la revisoría fiscal:
- Inadecuado flujo de caja que no permitía cancelar
oportunamente las obligaciones, por lo que los proveedores no realizaban
el despacho de los insumos para los procedimientos asistenciales,
lo cual ocasionaba el aplazamiento de la prestación del
servicio y por tanto baja producción y baja facturación.
- La
ejecución del proyecto de reestructuración
y reforzamiento de la planta física generó diversos
planes de contingencia en la prestación de servicios de
salud, incrementando los gastos de mantenimiento.
- Clima laboral
poco favorable para la adecuada gestión
de la entidad, debido al atraso en los pagos laborales y la incertidumbre
frente al futuro del hospital.
- El arrastre de problemáticas anteriores
que incluían
no solamente el déficit presupuestal (4.606 millones de
pesos) y de caja (10.000 millones de pesos), sino el estancamiento
de algunos procesos internos necesarios para la adecuada gestión
de la entidad en aspectos como cartera y facturación.
- Grave
deterioro en su sistema de información
contable y financiero, que le impide conocer su situación
real y por ende definir alternativas claras para solucionar la
crisis
actual.
- Estado de iliquidez que compromete la
capacidad de pago de la institución, con cesación
de pagos laborales, acuerdos de pagos e incapacidad de respaldar
la deuda corriente
con la cartera recuperable.
- Incumplimiento de pagos del acuerdo
de Ley 550.
- El requerimiento de recursos para culminar
la operación
del 2004, cumplir con las obligaciones de Ley 550 y sanear la deuda
de operación corriente ascienden a 28.556 millones de pesos,
pero solamente se contaría con 10.018 millones que se pueden
convertir en efectivo a partir de la cartera recuperable, recuperación
de excedentes de patronales y otros deudores.
- Limitación de la capacidad operativa
de la institución
a consecuencia de su propios pasivos, lo cual a su vez ocasiona
una perdida continua y acelerada de capital de trabajo, con el
riesgo inminente de comprometer el patrimonio de la institución.
LA SUSPENSIÓN
DE SERVICIOS
Por estas circunstancias, desde el 18 de
junio, y por decisión
de la Junta Directiva que preside al Alcalde de Manizales, el hospital
suspendió la prestación de todo tipo de servicios
asistenciales. Lo único que funciona parcialmente desde
entonces es el área administrativa, por acuerdo con el sindicato
del hospital.
Una vez cerrada la institución la Dirección Territorial
de Salud adoptó un plan de contingencia, en desarrollo del
cual los pacientes que tenía este centro asistencial fueron
remitidos a la clínica Villapilar de la ESE Rita Arango
del Seguro Social, al hospital departamental Santa Sofía
y al hospital Infantil de la Cruz Roja. De
acuerdo con el Director Territorial de Salud, hasta el momento
no ha habido problemas graves y se
ha garantizado atención
oportuna y eficiente a toda la comunidad. El único inconveniente
es que no se han podido activar algunas camas de cuidado intensivo.
¿Y LOS TRABAJADORES?
Como legalmente el hospital
sigue existiendo, pues no se ha liquidado, los 450 trabajadores
con que actualmente
cuenta el centro asistencial
siguen asistiendo puntualmente, firman una planilla y se concentran
en el área de urgencias del hospital. Significa esto que
en algún momento tienen que pagarles el sueldo que les adeudan
desde junio. El costo de la nómina de la planta de personal
asciende a cerca de 625 millones de pesos mensuales.
¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN?
De acuerdo con la Dirección Territorial de Salud, el municipio
de Manizales, propietario del hospital, es quien tiene la solución,
pues el departamento está dispuesto a recibirlo de nuevo,
pero “saneado”, y no con la cantidad de problemas que
tiene actualmente.
Adicionalmente la Dirección Territorial tiene que ajustar
la red pública de servicios del tercer nivel de complejidad,
lo cual exigirá algún tipo de transformación
institucional de los prestadores actuales.
Una de las posibilidades
que se contempla en este ajuste es que el hospital de Caldas
y las clínicas Villapilar y Santa
Sofía conformen una sola IPS de tercer nivel con una sola
gerencia, pero con portafolios de servicios claramente definidos.
Esto permitirá utilizar racionalmente los limitados recursos
para garantizar la atención a toda la comunidad, no sólo
de Manizales sino de todo el departamento.
Para facilitar dicha reorganización, el hospital de Caldas
ya presentó una propuesta de ajuste orientada a la supresión
de cargos asistenciales, teniendo en cuenta que ya no se requieren,
debido a la suspensión en la prestación de los servicios
médicos.
De acuerdo con esa propuesta la planta
actual de 450 empleados se reduciría a 24, es decir, solamente
el personal necesario para continuar con los procesos administrativos.
Para este ajuste se cuenta con 10 mil millones
de pesos, de los cuales 5 mil millones son aportados por el municipio
de Manizales,
3 mil millones por el Ministerio de Hacienda y 2 mil millones por
el departamento de Caldas como reconocimiento de servicios prestados
a la población pobre no cubierta por el régimen subsidiado.
LOS ÚLTIMOS
HECHOS
Recientemente se hizo una Asamblea de Acreedores
para tomar una decisión en torno a la liquidación, pero no hubo
ningún acuerdo sobre este tema. Por el contrario, se prolongó la
decisión hasta la última semana de octubre o primera
de noviembre.
¿CUÁL ES LA POSICIÓN DEL MINISTERIO DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL?
El ministro Diego Palacio lo ha dicho muchas
veces: la responsabilidad del Gobierno Nacional es garantizar
la prestación de servicios
de salud a toda la comunidad en condiciones de oportunidad y calidad
por unas instituciones eficientes, modernas y autosostenibles.
Esto implica buena gestión administrativa, racionalización
de costos, que donde existan convenciones colectivas los trabajadores
cedan en varios de sus puntos, cero burocracia y funcionamiento
de los hospitales en forma de red, de tal manera que cada uno atienda
lo que le corresponde según su nivel de complejidad, entre
otras cosas.
Por lo tanto, el Ministerio de la Protección Social está dispuesto
a acompañar a las autoridades seccionales y locales en cualquier
decisión que se adopte, siempre y cuando se enmarque dentro
de los anteriores puntos.
Lo acaba de decir el Ministro en un debate
en el Congreso: “No
es prudente que el Gobierno Nacional trate de reemplazar la responsabilidad
de las entidades territoriales; lo que debemos es trabajar con
ellos para buscarle salida a la situación hospitalaria.
Creemos que tenemos responsabilidad en el tema, pero no podemos
liberar a las autoridades seccionales de su compromiso”. |
