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En los dos últimos años

GOBIERNO GANA DEMANDAS POR 2,4 BILLONES DE PESOS EN EL SECTOR MINERO ENERGÉTICO

Bogotá, 19 oct. (SNE).- Con el fin de contrarrestar la avalancha de demandas que desde hace muchos años existen contra las entidades del sector de minas y energía, el Gobierno Nacional adoptó una serie de medidas que en los dos últimos años le permitieron obtener fallos a su favor por 2,4 billones de pesos.

De acuerdo con el ministro de Minas y Energía, Luis Ernesto Mejía, desde agosto de 2002, uno de los elementos más preocupantes dentro de la política de Gobierno fue el de las contingencias que tiene la Nación en virtud de los múltiples conflictos que se surten en los tribunales de justicia del país.

Por eso el Gobierno Nacional determinó crear la Oficina de Defensa Jurídica de la Nación y el Ministerio de Minas, particularmente, conformó un equipó interinstitucional conformado por el Ministerio del Interior, la Procuraduría, la Contraloría y el Consejo de la judicatura, para hacer seguimiento a todos los procesos.

“Hemos hecho un equipo muy proactivo que ha tenido dentro de su labor unos resultados muy positivos. De esta forma se logró obtener fallos a favor de la Nación entre julio de 2002 y julio de 2004, que suman 2,4 billones de pesos, donde la mayor parte obedecen a fallos en procesos administrativos con cerca de 900 mil millones de pesos, las servidumbres del sector eléctrico por 750 mil millones de pesos y casos civiles por 730 mil millones de pesos”, explicó el ministro Mejía.

De estos fallos, el mayor impacto está en el Ministerio de Minas y Energía, ISA y Corelca. De hecho de esta última había procesos cercanos a los 1,2 billones de pesos, de los cuales ya se recuperó cerca de la mitad a través de fallos a su favor.

“La actividad ha sido muy intensa y no sólo se está trabajando en el tema de los procesos contingentes que ya se están tramitando, sino que se han retomado todos los temas al interior del Ministerio relacionados con liquidación de convenios eléctricos, jurisdicción coactiva y procesos disciplinarios, los cuales han tenido un avance notable. Con esta colaboración interinstitucional el país se va a ver favorecido en su defensa”, reiteró el jefe de la cartera energética.

Según el funcionario, muchos de los contenidos de las contingencias buscan reconocer derechos que no son muy claros y termina la Nación asumiendo costos enormes en su defensa, que por su puesto en un Estado de Derecho, es un elemento con el que hay que convivir pero la Nación debe darse cuenta que dentro de todas las labores hay una que es la protección de sus intereses en los tribunales de la justicia.

Un estudio presentado por la Contraloría General de la Nación, revela que las entidades del sector de Minas y Energía enfrentan 4.838 demandas en su contra por un valor de 10,7 billones de pesos.

“El Gobierno Nacional trabaja para que dichos procesos, que están actualmente en curso, puedan resultar a favor de la Nación y por ello las medidas que se han adoptado”, dijo el Ministro de Minas y Energía.

De acuerdo con el Contralor General de la República, Antonio Hernández Gamarra, el estudio busca informar que la ciudadanía, el Gobierno y los órganos de control conozcan con la mayor precisión la cuantía de esos procesos para reforzar las medidas de vigilancia y las acciones preventivas que se han venido tomando.

El informe de la Contraloría muestra que el mayor número de procesos son laborales (2.707) y le siguen los administrativos (1.093) y los civiles (954).

El sector eléctrico es el que cuenta con el mayor número de procesos judiciales (4,83 billones de pesos), incluyendo entidades en funcionamiento y en liquidación bajo la dirección del Ministerio de Hacienda y la Superintendencia de Servicios Públicos. Le siguen el subsector de hidrocarburos con demandas por 3,55 billones de pesos, las entidades del orden nacional por 2,009 billones de pesos, y el subsector minero por 354 mil millones de pesos.

La diez entidades del sector de minas y energía que presentan mayor incidencia en la cuantía total de procesos judiciales en contra son Ecopetrol con 2,9 billones de pesos, Transelca con 1,5 billones de pesos, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) con 1,1 billones, Ministerio de Minas y Energía con 947.110 millones de pesos, Isagen con 624.423 millones de pesos, el Oleoducto Central (Ocensa) con 624.224 millones de pesos, Corelca con 597.120 millones de pesos, Electrochocó con 504.160 millones de pesos, Electrocaribe y Electrocosta con 369.000 millones de pesos.

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