En
los dos últimos
años GOBIERNO GANA DEMANDAS POR 2,4 BILLONES
DE PESOS EN EL SECTOR MINERO ENERGÉTICO
Bogotá, 19 oct. (SNE).- Con el fin de contrarrestar la
avalancha de demandas que desde hace muchos años existen
contra las entidades del sector de minas y energía, el Gobierno
Nacional adoptó una serie de medidas que en los dos últimos
años le permitieron obtener fallos a su favor por 2,4 billones
de pesos.
De acuerdo con el ministro de Minas y Energía, Luis Ernesto
Mejía, desde agosto de 2002, uno de los elementos más
preocupantes dentro de la política de Gobierno fue el de
las contingencias que tiene la Nación en virtud de los múltiples
conflictos que se surten en los tribunales de justicia del país.
Por eso el Gobierno Nacional determinó crear la Oficina
de Defensa Jurídica de la Nación y el Ministerio
de Minas, particularmente, conformó un equipó interinstitucional
conformado por el Ministerio del Interior, la Procuraduría,
la Contraloría y el Consejo de la judicatura, para hacer
seguimiento a todos los procesos.
“Hemos hecho un equipo muy proactivo que ha tenido dentro
de su labor unos resultados muy positivos. De esta forma se logró obtener
fallos a favor de la Nación entre julio de 2002 y julio
de 2004, que suman 2,4 billones de pesos, donde la mayor parte
obedecen a fallos en procesos administrativos con cerca de 900
mil millones de pesos, las servidumbres del sector eléctrico
por 750 mil millones de pesos y casos civiles por 730 mil millones
de pesos”, explicó el ministro Mejía.
De estos fallos, el mayor impacto está en el Ministerio
de Minas y Energía, ISA y Corelca. De hecho de esta última
había procesos cercanos a los 1,2 billones de pesos, de
los cuales ya se recuperó cerca de la mitad a través
de fallos a su favor.
“La actividad ha sido muy intensa y no sólo se está trabajando
en el tema de los procesos contingentes que ya se están
tramitando, sino que se han retomado todos los temas al interior
del Ministerio relacionados con liquidación de convenios
eléctricos, jurisdicción coactiva y procesos disciplinarios,
los cuales han tenido un avance notable. Con esta colaboración
interinstitucional el país se va a ver favorecido en su
defensa”, reiteró el jefe de la cartera energética.
Según el funcionario, muchos de los contenidos de las contingencias
buscan reconocer derechos que no son muy claros y termina la Nación
asumiendo costos enormes en su defensa, que por su puesto en un
Estado de Derecho, es un elemento con el que hay que convivir pero
la Nación debe darse cuenta que dentro de todas las labores
hay una que es la protección de sus intereses en los tribunales
de la justicia.
Un estudio presentado por la Contraloría General de la
Nación, revela que las entidades del sector de Minas y Energía
enfrentan 4.838 demandas en su contra por un valor de 10,7 billones
de pesos.
“El Gobierno Nacional trabaja para que dichos procesos,
que están actualmente en curso, puedan resultar a favor
de la Nación y por ello las medidas que se han adoptado”,
dijo el Ministro de Minas y Energía.
De acuerdo con el Contralor General de
la República, Antonio
Hernández Gamarra, el estudio busca informar que la ciudadanía,
el Gobierno y los órganos de control conozcan con la mayor
precisión la cuantía de esos procesos para reforzar
las medidas de vigilancia y las acciones preventivas que se han
venido tomando.
El informe de la Contraloría muestra que el mayor número
de procesos son laborales (2.707) y le siguen los administrativos
(1.093) y los civiles (954).
El sector eléctrico es el que cuenta con el mayor número
de procesos judiciales (4,83 billones de pesos), incluyendo entidades
en funcionamiento y en liquidación bajo la dirección
del Ministerio de Hacienda y la Superintendencia de Servicios Públicos.
Le siguen el subsector de hidrocarburos con demandas por 3,55 billones
de pesos, las entidades del orden nacional por 2,009 billones de
pesos, y el subsector minero por 354 mil millones de pesos.
La diez entidades del sector de minas y
energía que presentan
mayor incidencia en la cuantía total de procesos judiciales
en contra son Ecopetrol con 2,9 billones de pesos, Transelca con
1,5 billones de pesos, la Comisión de Regulación
de Energía y Gas (Creg) con 1,1 billones, Ministerio de
Minas y Energía con 947.110 millones de pesos, Isagen con
624.423 millones de pesos, el Oleoducto Central (Ocensa) con 624.224
millones de pesos, Corelca con 597.120 millones de pesos, Electrochocó con
504.160 millones de pesos, Electrocaribe y Electrocosta con 369.000
millones de pesos.
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