| DISCURSO
DEL PRESIDENTE EN EL VII ENCUENTRO DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA Pereira, 21 oct. (SNE).- El siguiente
es el discurso pronunciado por el presidente de la República, Álvaro Uribe
Vélez, durante el VII encuentro de la Jurisdicción
Ordinaria realizado en Pereira:
“Compatriotas de la Justicia, compatriotas
todos:
Si ustedes me preguntaran qué es lo primero que necesita
Colombia: pregunta fácil y difícil. Fácil,
porque necesita de todos. Difícil por las dificultades
de priorizar, yo diría, credibilidad en las instituciones.
Con credibilidad en las instituciones
hay posibilidad de recuperar el orden público, de hacer crecer la economía,
de ordenar la vida social, reivindicar la pobreza.
Esa credibilidad en las instituciones
tiene un soporte fundamental en la justicia, diría yo, el primero de todos los soportes. ¿Por
qué? Porque las instituciones solamente son posibles a
partir de que cada individuo se sienta parte del colectivo.
Y para hacer el tránsito de la individualidad al colectivo,
se requieren dos presupuestos: una gran acción cultural
que cunda de individuo en individuo y que forme el lazo vinculante.
Y el acatamiento de todos a la justicia, a la normatividad y
a quienes la aplican. Sin este segundo, es imposible formar la
sociedad a partir del individuo.
Esa sociedad, finalmente, es una sociedad
estable, sólida,
en la medida en que crean en las propias instituciones que la
atan. En las propias instituciones que logran que un individuo
se sienta vinculado al otro, que todos se sientan vinculados
al colectivo y sometidos a las reglas que han dispuesto trazarse.
Pero la justicia cumple un papel todavía más importante
en su contextura ética que el Ejecutivo, porque la justicia
es la institución que finalmente tiene que cotejar la
conducta de cada individuo con la ley que ha fijado el colectivo.
Y se necesita en quien ha de hacer ese cotejo, la superior contextura ética.
Entendida la ética, en la más elemental de las
acepciones, en aquella disposición interior, reflejada
en la acción externa, de proceder solamente con el criterio
de servir el bien público, el bien general, de no hacer
daño al prójimo.
Por eso, acudo con inmenso respeto a
esta reunión convocada
por la Honorable Corte Suprema de Justicia y organizada por el
Tribunal de Risaralda, en un momento de dificultades de la vida
nacional y también de un renacer de alguna dosis importante
de optimismo.
Algún compatriota me preguntó: ‘¿usted
por qué le ha dado más importancia a la política
de seguridad que al apoyo a la justicia? ‘. Diría
yo que, en las convicciones, no.
La Seguridad Democrática tiene que ser estable en el
tiempo para garantizar la confianza de los ciudadanos en el país
y esa estabilidad no se logra sino con la justicia.
La Seguridad Democrática tiene que ser eficaz y transparente
para obtener el respaldo de opinión que le permita se
prolongación como garantía para la convivencia
de la ciudadanía. Y eso no se logra sino con la debida
y correcta aplicación de la justicia.
Por supuesto, el país ha debido hacer un esfuerzo presupuestal
enorme en estos dos últimos años en materia de
seguridad para asumir el control territorial por parte de la
Fuerza Pública, en amplias regiones del país donde
se había perdido el imperio de las instituciones, eran
derogadas las instituciones, por la acción de los violentos.
Los violentos han asumido en muchas partes de Colombia el poder
real, la capacidad de tomar decisiones y de hacerlas cumplir
coercitivamente, el poder que corresponde a las instituciones
democráticas.
Así no hay solidez de Nación, así no hay
garantía de estabilidad de Nación. 170 municipios
sin Policía, la necesidad de dotarlos de Fuerza Pública
ha implicado un enorme esfuerzo presupuestal. Un avance en el
control territorial, aún insuficiente, dada la dimensión
de la geografía colombiana y la complejidad de sus accidentes.
Creo que hemos avanzado en seguridad.
A 15 de octubre encontramos lo siguiente: en el 2001 hubo 27.840
homicidios en Colombia,
en el 2002 la suma se elevó a 28.837, en el 2003 ya se
redujo a 22.992. Se salvaron 5.845 vidas, una disminución
del 20.3 por ciento.
Entre el primero de enero y el 14 de
octubre de 2003 el país
registró 18.814 homicidios. En el mismo periodo de 2004,
ha habido 2.610 casos menos. Una disminución del 14 por
ciento.
Si miramos esas cifras acumuladas, vemos que falta mucho, pero
que hay un descenso importante.
Por ejemplo, en secuestros: pasamos de
2.986 del 2002 a 2.200 del 2003. Una caída del 26.3
por ciento.
Este año, en secuestro extorsivo, hemos pasado de 1.216
a 535. Una caída del 56 por ciento. Si ha eso se le suma
el secuestro de integrantes de la Fuerza Pública, del
secuestro simple, hemos tenido una caída del 42 por ciento.
Hemos venido haciéndole el seguimiento a una serie de
delitos que incomodan enormemente al ciudadano. Como las lesiones
comunes, el hurto a residencias, al comercio, a personas, el
hurto de vehículos, automotores, motocicletas, la piratería
terrestre y todos estos delitos, presentan disminuciones.
Por ejemplo, lesiones comunes del 18
por ciento, hurto a residencias del 11 por ciento, al comercio
del 12 por ciento, a las personas
del 14 por ciento, el hurto de automotores este año en
Colombia ha caído en un 25 por ciento, el de motocicletas
en un 19, la piratería terrestre ha caído en un
42 por ciento.
Pero, el delito como la vida, finalmente para las sociedades,
no puede ser objeto de medida.
El Gobierno no puede estar tranquilo
por la simple reducción
en la tipificación de estos delitos, la lucha del Gobierno
tiene que ser por devolverle plenamente a los colombianos la
seguridad. El derecho eficaz, efectivo a la vida y a la libertad.
Este esfuerzo, es un esfuerzo que creo
va a producir un gran efecto para derrotar la impunidad y ahí entro a relacionar
el esfuerzo en materia de Fuerza Pública, con el esfuerzo
en materia de justicia.
Era yo candidato presidencial y en muchos
foros se discutía
la impunidad en Colombia, se traían las cifras del número
de delitos tipificados en un año, los denunciados, los
conocidos por la justicia, los finalmente evacuados con sentencias,
y me preguntaba cómo se compara, por ejemplo, la justicia
en Colombia con la de Inglaterra o con la del Japón o
con la de Estados Unidos, cuando aquí tenemos 28 mil crímenes
al año y de acuerdo con la tasa de Inglaterra, deberíamos
tener solamente 200.
Una criminalidad que rebasa cualquier
posibilidad de justicia. Una cosa es exigirle a la justicia
eficacia en un país
con 200 crímenes y otra cosa es exigirle eficacia en un
país con 28 mil crímenes.
Por eso he dicho que en la medida en
que tengamos éxito
en la política de Seguridad Democrática, en lo
que llamamos esta fase de contención y de disuasión,
eso va a contribuir a que la justicia pueda ser más eficaz,
a reducir la impunidad.
El disuasor, a partir de la Seguridad
Democrática, se
convierte –finalmente- en un apoyo a la administración
de justicia. Pero por supuesto, ahí viene la acción
de réplica de la administración de justicia, porque
en la medida en que no haya una administración de justicia
eficaz, no se consigue la confianza ciudadana que se requiere
para poder consolidar en el tiempo la seguridad.
Si ustedes me preguntaran ¿cómo lo entiendo en
la cronología?, inicialmente una política de choque,
de Fuerza Pública para frenar la delincuencia, sucedida
por una política de fortalecimiento de la justicia para
consolidar la confianza y garantizar la permanencia de la seguridad
en la aceptación ciudadana y en la eficacia del Estado.
Por supuesto, todo esto nos toca en medio
de inmensas dificultades fiscales. En el año 2002 la Nación tenía
un déficit del 4.2 por ciento, un endeudamiento del 54
por ciento. En 10 años Colombia pasó su endeudamiento
del 24 al 54 por ciento del PIB, eso ha exigido que los presupuestos
tengan que gastarse el 40 por ciento en servir deuda. Y todo
eso ha estado acompañado de una profundización
de la crisis social.
Entre el año 1994 y el año 2000, el desempleo
de jefes de hogar en Colombia pasó de 4 al 10 por ciento.
Y en el mismo periodo, el desempleo general pasó del 7.5
a casi el 20 por ciento.
Mientras la economía colombiana entre el año 60
y el año 80 creció al 4.5 por ciento, entre el
año 80 y el 2002 creció a un promedio del 2 por
ciento. Una comunidad creciendo y una economía sin crecer.
Una comunidad derrotada y conducida a la informalidad y a la
miseria.
Todas esas tendencias hay que reversarlas,
por eso el Gobierno se ha propuesto trabajar de la mano la
Seguridad Democrática,
la recuperación de la economía, la transparencia
y la política social. Pero toma tiempo, es imposible producir
los resultados deseados en cortos periodos de tiempo.
Nosotros recibimos, cuando empezó el Gobierno, con algún
grado de avance, el proyecto del señor Fiscal para incorporar
el sistema acusatorio. Lo apoyamos con toda determinación.
Le ha correspondido a este Gobierno,
en el ciclo de aprobación
y de implementación del sistema acusatorio, parte de la
aprobación y perfeccionamiento de la enmienda constitucional,
todo lo que ha sido la modificación de los códigos.
Ahora los esfuerzos presupuestales para poder poner en marcha
el sistema acusatorio. Tenemos inmensa confianza en que producirá muy
buenos resultados para el país, en las zonas en donde
inicialmente empezará a operar: la Capital de la República
y esta gran tierra de la Patria, del Eje Cafetero.
En medio de todas las dificultades hemos venido buscando los
recursos para que pueda operar, para que no se diga que ha sido
la falta de apoyo presupuestal la que no ha permitido que opere.
Confiamos que el señor Fiscal, por un lado, y el señor
Defensor del Pueblo, por otro, van a tener ese apoyo presupuestal
dentro de la austeridad que requiere hoy el país y siempre
con la expectativa de que eso va a redundar en menores costos
a futuro.
Tenemos fe en el esquema de la oralidad
que lo acompaña,
eso es inmensamente innovativo y particularmente creo que va
a dar la agilidad que aspiramos los colombianos, de esta rama
de la justicia.
Hemos venido discutiendo desde el principio
del Gobierno la reforma constitucional a la justicia. Quiero
agradecer, inmensamente,
todo el apoyo de la Honorable Corte Suprema de Justicia. ¿Por
qué no hemos presentado la reforma constitucional? Por
falta de acuerdo en puntos fundamentales. Si algo necesita Colombia
es un manejo muy delicado en la búsqueda de acuerdos institucionales
para no provocar choques institucionales.
Nosotros hemos hecho muchos esfuerzos para lograr el mayor grado
de consenso entre las diferentes Cortes, a fin de avanzar con
esa reforma constitucional. No lo hemos logrado sobre algunos
puntos.
¿Qué nos proponemos hacer?:
trabajar el tema en dos etapas. Inicialmente en una ley estatutaria
y posteriormente
en la reforma constitucional.
La ley estatutaria. El Ministro del Interior
y de Justicia (quien no nos acompaña en esta tarde por tener que atender la
sesión de la Comisión Primera de la Honorable Cámara,
aquí representado por el señor Viceministro) tiene
el compromiso de presentar la semana entrante el proyecto gubernamental
de ley estatutaria a consideración del Congreso, que seguramente
habrá de acumularse con el que ya ha sido radicado allí,
de otro origen.
Esa ley estatutaria tiene puntos importantes,
como la extensión
de la oralidad a las diferentes ramas. Me parece que en eso hay
que avanzar con mucha celeridad.
Cuando el país registre la agilidad que se va a dar por
la introducción de la modalidad oral en el derecho penal
y observe que no hemos hecho lo mismo en las otras ramas, va
a haber frustración. Por eso el Gobierno tiene el mayor
interés en generalizar la oralidad.
Hay un tema de mucha discusión que algunos lo conocen
como la desjudicialización de las pequeñas causas.
Conozco la discusión política y de doctrina judicial
que se da sobre la materia, el temor de que eso pueda desjudicializar
las causas de los pobres y dejar la justicia solamente para las
causas de los ricos, el temor de que en nombre de la agilidad
administrativa se acabe con los imperativos de la justicia.
Creo, que debemos acertar en los textos
que se aprueben, pero no eliminar la necesidad de avanzar por
esa dirección
para poder descongestionar la justicia.
Ustedes han dado ejemplos muy importantes
como el que acabamos de escuchar en la muy brillante intervención del señor
presidente de la Corte Suprema, que ayudan a agilizar, a descongestionar
la justicia.
Pero eso hay que complementarlo con otras
instituciones, con otros pasos. Por eso yo los invito, respetuosamente,
a que miremos
cómo en la ley estatutaria podemos avanzar en decisiones
que ayuden a descongestionar la justicia. Y hay muchas instituciones
que están esperando mayores atribuciones: los consultorios
jurídicos de las universidades quieren competencia para
poder cumplir una acción más eficaz en favor de
la justicia.
Hay otros temas bien importantes en el
proyecto de ley estatutaria, como el tema de la prelación.
Y para la reforma constitucional quedan temas de gran controversia.
El tema del Consejo Superior de la Judicatura.
Me pregunté por qué lo creó Colombia, yo
lo ví innecesario, con todo respeto.
En mi condición de Presidente de la República,
con la obligación de velar por la armonía entre
las diferentes instituciones del poder público, tengo
que ser respetuoso de la tarea de los Magistrados del Consejo
de la Judicatura, pero sigo creyendo que a falta de la posibilidad
de eliminarlo, necesita una reforma profunda.
No hemos logrado el nivel de consenso
que se requiere entre las instituciones de justicia y hay que
buscarlo también
con el Congreso.
El compromiso del Gobierno es presentar
nuevamente el texto de reforma constitucional el 20 de enero,
para que entre el 20
de enero y el 16 de marzo, se de una profunda discusión
alrededor de este tema.
Está el tema de competencias, como aquellas que se refieren
a la acción de tutela. Tema de una inmensa sensibilidad.
Yo soy el primer defensor de la acción de tutela, salva
fundamentalmente la Constitución de 1991.
La tutela ha permitido que los colombianos
dejen de ver en la Constitución algo trascendente, lejano, inaccesible y
empiecen a entender la Constitución como algo cercano
al ciudadano de carne y hueso.
Pero, hay unas discusiones sobre el tema
de sentencias, sobre el tema de competencias. Hay que decirle
claramente al país: ‘esas
discusiones son unas discusiones técnicas, para el mejor
proveer de la institución’. A partir del consenso
de todos, de la garantía de la acción de tutela.
Esa discusión es una discusión muy delicada ante
la opinión pública y muy delicada entre las Cortes,
el Congreso y el Ejecutivo.
Por eso, los invito a que trabajemos
a ver cómo buscamos
el mayor nivel de consenso. Creo que allí, finalmente,
no hay sino un elemento que divide: ¿quién tutela
la sentencia del otro? Y es un elemento que no se refiere tanto
a la institución de la tutela, como a la distribución
de competencias.
A mi me da miedo hablar sobre el tema,
porque lo único
que cabe en Colombia para hablar de la tutela es aplaudirla.
Cualquier discusión jurídica sobre competencias
también genera interpretaciones muy difíciles de
aclarar.
Tenemos con la justicia unos temas también, de carne
y hueso, de presupuesto que con, infinita elegancia, el señor
Presidente de la Corte Suprema de justicia lo desarrolló esta
tarde, pero yo no puedo.
El tema de los porcentajes de las asignaciones,
objeto de reclamos hoy de fiscales y magistrados que va ha
producir un efecto de
rebote en los jueces. Yo reitero la disposición del Gobierno
de encontrar un acuerdo.
Aquí me acompaña el Viceministro de Justicia,
el director jurídico de la Presidencia, la Viceministra
de Hacienda, la directora de Presupuesto. Hay toda la voluntad
del Gobierno en encontrar un acuerdo, así me lo reiteró esta
mañana el señor ministro Sabas Pretelt, un acuerdo
que sea alcanzable por el presupuesto, que sea sostenible en
el tiempo, que no se convierta en un dolor de cabeza año
tras año, para la aprobación y para la ejecución
presupuestal. Y un acuerdo que proteja al Estado de nuevas acciones
judiciales.
El Gobierno tiene toda la voluntad, pero
tenemos que pedirles a ustedes una ayudita, porque la situación presupuestal
es muy delicada y la situación salarial del Estado en
general sí que lo es, sí que lo es. Entonces a
esto le suma uno los déficit en todos los frentes: en
el de pensiones, en el de seguridad social, etcétera.
Cómo hiciéramos para que funcione esa mesa de
trabajo y logre de manera tranquila y pronta un acuerdo definitivo
sobre el tema. Ahora, yo no puedo venir, me sentiría faltar
al respeto de ustedes, si viniera en una simple actitud demagógica
a decirles ‘sí, sí, como ustedes lo quieran’.
El Gobierno tiene inmensas dificultades, manejar este déficit,
manejar este endeudamiento, manejar estos costos del Estado colombiano
es muy complicado.
Pero así como les digo que nos tienen que ayudar a ver
cómo acomodamos la proposición y cómo con
ese arreglo podemos proteger al Estado de nuevas acciones judiciales,
también les digo que hay toda la voluntad del Gobierno
de lograr un acuerdo, un acuerdo que lo necesita la Nación.
No faltaba más que el Gobierno mirara a los magistrados
y jueces de la Patria, como enemigos, cuando integran el vértice
de la sociedad y del ordenamiento jurídico.
Entonces quisiera preguntarles eso y
abrir el diálogo
sobre este y los diferentes temas: cómo podemos implementar
la mesa de trabajo para encontrar un acuerdo razonable. Les ofrezco
la palabra”.
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