PALABRAS DEL PRESIDENTE
URIBE EN EL V FORO IBEROAMERICANO
Bogotá, 28 oct (SNE). Las siguientes son las palabras del
presidente Álvaro Uribe Vélez durante el V Foro Iberoamericano,
donde anunció que el Gobierno acepta reunirse con las Farc
en una embajada en Bogotá o en la sede de la Nunciatura
Apostólica y siempre y cuando se cumplan dos requisitos:
Primero, la liberación, por parte del Gobierno de un grupo
de guerrilleros presos que no estén implicados en delitos
atroces y se comprometan a no regresar a la guerrilla. Y segundo,
que la guerrilla haga un gesto de liberar algunos de los secuestrados
que mantiene en su poder.
Cumplidas esas condiciones, se da un tercer
paso, la reunión
de voceros del Gobierno y las FARC en una embajada o en la Nunciatura
en Bogotá, durante cinco días para perfeccionar el
acuerdo.
A continuación, la transcripción
del discurso:
“Estamos inmensamente agradecidos
los colombianos, de tenerlos a ustedes en Cartagena, convocados
por los temas que acaban de
referirnos cuya importancia apreciamos plenamente.
Un motivo inmenso de gratitud. Lo que no
podemos muchos lo han podido ustedes. Hace mucho tiempo, el maestro
Gabriel García
Márquez, no pisaba esta tierra. Nos dan una inmensa razón
de regocijo a los colombianos de haberlo traído hoy, mantengan
este foro en Colombia a ver si lo mantenemos a él aquí,
porque lo necesitamos.
Ustedes llegan a un país sorprendente, el presidente Belisario
y yo somos de una tierra de este país en donde exageramos
algo, pero yo voy a procurar ser un poquito menos subjetivo; un
país sorprendente, con la violencia que ha tenido Colombia,
este país debería vivir amargado y es un país
espontáneo, inmensamente alegre. Aquí tenemos, ahora
hablaba con el señor Ministro de Justicia de España,
allá hay 1848 presos colombianos por narcotráfico,
pero hoy el Gobierno español, acaba de tomar la decisión
de legalizar la estadía en España de alrededor de
200 mil colombianos, convencidos de este pueblo colombiano, este
grupo emigrante tan importante, representa la mayor laboriosidad
del mundo, la mayor transparencia.
Ese problema del narcotráfico no ha dejado ver al mundo
inmensas, inmensas condiciones positivas del pueblo colombiano
como las que hoy ha reconocido el Gobierno Español con esa
legalización de un grupo tan importante de colombianos que
vive en España.
Que se encuentra en un país con inmensas dificultades,
pero con inmenso optimismo. Un país con muchas carencias,
aquí a dos kilómetros de este hotel, tenemos unos
problemas de miseria inmensos, acumulados en los últimos
años por el desplazamiento generado por la violencia, empezando
con mucho esfuerzo unas obras para reivindicar estos sectores y
unos resultados que tardarán por verse.
Encontramos dificultades en todos los ordenes:
Inequidad, desempleo, déficit, pero un país con inmensas posibilidades,
con toda la voluntad de salir adelante y lo que más falta,
es lo que queremos construir, gobernabilidad no del Gobierno, sino
de las instituciones del Estado, que es sinónimo de confianza
de todos los ciudadanos en las instituciones estatales y en el
conjunto comunitario.
Para avanzar en esa dirección, nos hemos propuesto trabajar
en tres grandes ejes: La Seguridad Democrática, la transparencia
y uno tercero, la reactivación económica y la cohesión
social.
¿Por qué nuestra Seguridad la hemos calificado como
democrática? Por razones históricas y de acepción
en el momento.
Razones históricas. América Latina, recuerda todavía,
ingratamente, procesos de seguridad como aquellos que se dieron
en nombre de la seguridad nacional, donde se utilizaba la seguridad
para perseguir al disidente, para suprimir las libertades, para
consolidar dictaduras.
El proceso de seguridad colombiano, es
un proceso que marca la diferencia con lo que es un recorrido
de la doctrina de la seguridad
nacional en América Latina. ¿Y la excepción
democrática ¿por qué? relacionado con lo primero,
porque estamos construyendo una seguridad para todos, una seguridad,
para el más convencido defensor de las tesis de Gobierno
y el más radical opositor a las tesis de Gobierno.
Seguridad para el líder empresarial y seguridad para el
líder sindical, seguridad para el campesino, seguridad para
el empresario agrícola.
Esa Seguridad Democrática busca
que todo el mundo, independientemente de su manera de pensar,
sienta un motivo para reasumir su postura
en el colectivo nacional. En la medida que haya confianza iremos
consolidando el colectivo nacional.
Esa Seguridad Democrática busca, que las fuerzas institucionales
del Estado, procedan como fuerzas de la constitución y del
pueblo, no como el Ejército del Presidente, del Gobierno
de turno, que todos los colombianos sientan en esas fuerzas institucionales
la totalidad de la protección.
Esa Seguridad Democrática necesita sostenibilidad y la
sostenibilidad depende en un estado de opinión, de la eficacia
y de la transparencia.
Nuestras fuerzas institucionales tienen
el reto de ser tan eficaces, como tan transparentes. Un reto
grande, porque la diferencia con
otros procesos que se dieron en América Latina, es que aquí tenemos
una criminalidad inmensamente rica. Las guerrillas que hubo en
otros países de América Latina fueron de guerrillas
de limosna, sobrevivieron mientras tuvieron apoyo financiero internacional.
El siete de agosto del año 2002, Colombia tenía aproximadamente
50 mil terroristas, con 146 mil hectáreas de droga a su
disposición. Esa combinación del poderío criminal
y de semejante financiación, dificulta mucho la tarea, pero
más grande el reto.
Nosotros estamos convencidos que en la
medida que logremos esa combinación de eficacia y de transparencia, se consolida
el apoyo y la convicción de los colombianos al sendero de
la Seguridad Democrática y hay una razón drástica
para nuestro compromiso con los Derechos Humanos, cuando se logra
superar al terrorismo con violación de Derechos Humanos,
se afecta muchísimo, se alarga muchísimo el proceso
de reconciliación. Al contrario, cuando se logra superar
el terrorismo, con total respeto a los Derechos Humanos, se facilita
el proceso de reconciliación de todos los ciudadanos.
¿Por qué hemos definido estos grupos como grupos
terroristas? Por muchas razones. Las insurgencias de América
Latina, generalmente enfrentaron dictaduras que le dieron alguna
justificación a sus causas y enarbolaron banderas de justicia
social. En nuestro caso hemos venido profundizando la democracia,
pasando de una democracia retórica a una democracia más
real y más eficaz y el proceso de crecimiento de la violencia,
lo que ha hecho es afectar el tejido social de la Nación.
Las elecciones regionales de 2003, hace
un año, demostraron
porque denominamos este proceso de seguridad un proceso democrático.
Esas elecciones regionales, le dieron plenas garantías a
candidatos provenientes de partidos de oposición, de partidos
alternativos a los tradicionales, de partidos provenientes de antiguas
guerrillas, aquí generalmente nos dejaban avanzar hasta
cierto punto y cuando los veían en posibilidades de ganar
los mataban.
La Seguridad Democrática ha dado protecciones y eficacia.
Hemos pasado de la protección retórica a la protección
efectiva.
Queremos un país seguro, sin exclusiones, pero sin modelos
políticos de odio, pluralista, en debate permanente, pero
debate con posibilidades de reconciliación. Los modelos
políticos de exclusión o los modelos políticos
de odio, producen el mismo resultado, generan unos antagonismos
insuperables que impiden la creación de opciones de síntesis.
Nosotros no queremos ni la exclusión ni el modelo político
de odio. Nuestro compromiso es con el pluralismo, pero en la senda
de la fraternidad para buscar siempre, en cada contradicción,
una síntesis que le ayude a la Nación.
Hemos hecho un gran esfuerzo para avanzar
en todos los indicadores. Por ejemplo, no les voy a contar tanto
en cifras relativas como
absolutas, para ver la dimensión del problema. En el año
2002, en Colombia fueron asesinadas 28 mil 837 personas. En el
Gobierno nos pusimos contentos porque en el año 2003 redujimos
en un 20 por ciento, pero fueron asesinados 22 mil 900.
Esta noche compartí unas cifras con el señor Ministro
de Justicia de España. Frente a los 28 mil 800 asesinatos
del 2002, este año vamos por 16 mil 500. No veo un descenso
importante, pero todavía una cifra absoluta inmensa. Él
se horrorizaba al ver esta cifra.
La tarea tiene que ser una tarea de mucha
perseverancia, de alimentar la voluntad de las instituciones
y el apoyo del pueblo colombiano
con estas metas parciales, pero con la convicción de que
las cifras son no oponibles al derecho a la vida. El esfuerzo tiene
que ser hasta erradicar totalmente el asesinato de Colombia.
En materia de secuestro. En el año 2002 hubo 2986 secuestros,
en el año 2003 tuvimos un 27 por ciento menos, a esta fecha
en el 2003, llevábamos 1280 secuestros extorsivos, este
año llevamos 542, un 58 por ciento menos, pero necesitamos
no solamente demostrar voluntad de derrotar el secuestro sino resultados
mucho más contundentes, muy superiores.
Nos hemos preocupado inmensamente por escoger unos indicadores
que acrediten nuestra voluntad democrática. Por ejemplo:
la protección de sindicalistas. Hemos pasado de 184 que
asesinaban por año, el año pasado 54, este año,
a 30 de septiembre habían asesinado 28, no todos por razones
sindicalistas. Uno quisiera poderle decir al mundo y a un foro
tan importante como el que ustedes integran, cero asesinatos
de sindicalistas. No hemos podido lograr esa meta, pero estamos
empeñados en que tengan protección total y lo más
importante: hemos avanzado muchísimo en la lucha contra
la impunidad.
No solamente hay resultados en el descenso de estos asesinatos,
sino en el esclarecimiento de casos y en el apresamiento de los
asesinos.
El Magisterio: otro sector de gran importancia
para la lucha democrática.
Estaban asesinando 80 maestros. Este año hay 24, la meta
también es llegar a cero maestros asesinados.
Los periodistas: en Colombia luchamos durante
un siglo, por la libertad de prensa reconocida por el Estado
y la habíamos
perdido a manos de los terroristas. Todavía este año
nos han asesinado 3 periodistas, el objetivo es cero.
Una de las aspiraciones de este gobierno
es poder derrotar el terrorismo, sin afectar una sola de las
libertades públicas.
Que los medios de comunicación puedan ver un gobierno con
toda la voluntad y toda la iniciativa, toda la agresividad para
derrotar el terrorismo, pero todo el respeto a las libertades públicas.
El segundo elemento para recuperar esa
confianza, base fundamental de la gobernabilidad, es la transparencia.
Hemos hecho esfuerzos
importantes: legales, de concertación, con comunidades,
con sector público de todos los niveles, etcétera.
Todavía insuficientes.
No hemos logrado mejorar la percepción
de transparencia, sustancialmente. Hay tenemos un atrasado en
resultados, pero toda
la voluntad para conseguirlos.
Por ejemplo, hoy, antes de vender formalmente
los pliegos de una licitación en Colombia, hay una etapa de prepliego, y se
publica ampliamente para que la comunidad pueda discutir ese prepliego.
Se exige la instancia de discusión comunitaria antes de
la publicación definitiva.
Se ha exigido que los contratos públicos se discutan y
se adjudiquen en audiencia pública. Hace pocos días
se televisó una audiencia, de un contrato de 400 millones
de dólares. La construcción de la doble calzada Bogotá – Girardot.
Un bello debate que en la última etapa tuvo seis horas a
través de la televisión.
Hemos procurado que todo contrato del Estado
tenga veeduría
comunitaria. Estamos modificando las leyes en esa dirección.
Yo creo más en el control comunitario, en el control de
opinión, que es el elemento diferencial del Estado de Derecho
en nuestra época, que en los mismos controles jurisdiccionales,
para efecto de derrotar la corrupción. Y nos hemos propuesto
incorporar un factor de conciencia, un factor de comportamiento.
La tarea que emprendimos hace dos semanas,
y que la sostendremos 12 meses intensamente, es pedir a todos
los funcionarios públicos
y a los líderes del sector privado, que demos ejemplo en
materia de erradicación de la corrupción. De lo contrario,
nada servirá.
Hoy ustedes pueden ver en Internet todos
los contratos del Estado, los gastos, las compras de la Presidencia
de la República.
Todos esos esfuerzos facilitan el control de opinión. Pero
si a eso no le sumamos una férrea voluntad de dar ejemplo,
los resultados de lo hecho serán nulatorios.
El otro tema es el de la reactivación económica
y la reactivación social.
Para la reactivación económica nos hemos propuesto
estabilidad macroeconómica, estabilidad en las reglas de
juego.
La estabilidad macroeconómica exige mejorar los indicadores.
El endeudamiento colombiano se subió en un lapso de 10 años
del 24 por ciento del PIB al 54. El déficit del uno y medio
al 5 por ciento, nosotros lo encontramos en el 4,2. De cada 100
dólares de presupuesto, el servicio de deuda estaba demandando
40. Entre el año 1994 y el año 2000, el desempleo
de jefes de hogar pasó del 4 por ciento al 10 por ciento,
y el desempleo general del 7 y medio a casi el 20 por ciento.
Se había caído la inversión privada. Ahí hay
un paréntesis para decir que el problema de la inequidad
en Colombia no es un problema de empresa privada, sino de falta
de empresa privada. Ustedes salen a las calles de Cartagena, le
preguntan a alguien que trabaja en un hotel de estos por su salario,
sus prestaciones, su seguridad social, ahí hay un empleo
calificado, digno, respetable. Le hacen la misma indagación
a alguien que vende en la calle, y lo encuentran sin prestaciones,
sin un ingreso igual al mínimo legal, lo encuentran sin
seguridad social. La desaceleración de la economía
colombiana, en décadas, en parte a consecuencia de la violencia,
produjo una desaceleración traumática de la inversión
privada, y eso llevó a que la opción que encontrara
nuestro pueblo fuera la opción de una informalidad equivalente
a miseria.
Hemos hecho varios esfuerzos y hemos aumentado
tributos, pero también estamos expandiendo base. Nos hace falta avanzar
muchísimo más. En este momento libramos una batalla
teórica y política. Colombia ha aumentado la tasa
de renta, ha creado el impuesto al patrimonio, hemos llegado a
unos niveles donde no podemos afectar más a los contribuyentes
tradicionales. Simultáneamente, hemos introducido unos estímulos
vinculados al crecimiento de la inversión. Para citarles
uno de ellos: en diciembre del año pasado aprobamos una
deducción del 30 por ciento a las inversiones generadoras
de renta. La tesis ha sido, impuestos altos para quienes no quieran
crecer, estímulos para quienes quieran crecer. Yo no creo
en la tesis de devolverle plata a los contribuyentes ricos. Las
experiencias que ha tenido el mundo en muchos países, en
períodos recientes, demuestran que eso no garantiza crecimiento
de la inversión. Pero los estímulos bien orientados,
condicionados, sí garantizan crecimiento de la inversión.
Estamos jugando a esto.
Hemos hecho una profunda reforma en el
Estado, que empieza con ejemplos. La Presidencia de la República tiene una disminución
de gastos del 30 por ciento. Hemos reformado 142 empresas del Estado.
Con dos que se están liquidando hoy, liquidamos 38. Nuestra
idea es, desburocratizar y desclientelizar el Estado, para que
el Estado pueda invertir más en el tema social, en todo
lo que se requiere para la productividad, para la competitividad.
Pero hemos puesto el buen cuidado, en función de la cohesión
social y política, de no mantenernos en una ola privatizadora
a ultranza, que tanto daño ha hecho en América Latina.
Por ejemplo, la empresa de teléfonos del Estado estaba perdiendo
170 millones de dólares al año, la recomendación
era privatizar. Dijimos ¿para qué? El sector privado
tiene suficiente espacio para participar en comunicaciones en Colombia.
Preservémosla a favor de las comunidades remotas. Preservémosla
para defender al país de los fracasos del mercado. La reformamos
profundamente, con mucha dificultad política. Este año
se gana más de 300 millones de dólares.
Hemos buscado que en lugar de la privatización a ultranza,
se imponga la sostenibilidad del Estado, la eficiencia del Estado
y el compromiso del Estado, no con elites sindicales, con elites
burocráticas, con elites politiqueras, sino con la comunidad.
Nos falta muchísimo.
Hoy hemos dado el paso en las empresas
estatales de televisión.
No vamos a eliminar la televisión pública, la vamos
a fortalecer. ¿Cuál es la paradoja? Que uno no la
puede fortalecer, cuando los entes que la manejan son entes burocratizados
y derrochadores de dinero y destructores de valor. Vamos a tener
un ente a semejanza de la empresa de teléfonos, eficiente,
con prudencia en las cargas laborales, con mucha en la mayoría
de las labores, mercerizadas, dándole espacio a cooperativas
y asociaciones de antiguos trabajadores para que participen allí,
para garantizar su sostenibilidad, su competitividad.
Por supuesto esta reforma al Estado, para
ver sus resultados, hay que desagregar el Estado, porque hemos
tenido que hacer un
enorme esfuerzo en materia de seguridad, que ha sido muy costoso.
Un país devorado por guerrillas y por paramilitares tiene
que escoger el camino institucional. Y eso cuesta.
Tenemos áreas de inmensos desafíos para continuar
esa reforma del Estado. Por ejemplo en la red pública hospitalaria.
En las clínicas del Seguro Social, donde apenas estamos
empezando a intervenir.
Hemos podido salvar 141 hospitales del
Estado. Pero ahora tenemos que hacer una gran inversión de salvamento en 147 hospitales
del Estado. Está programado hacerlo entre este mes de octubre
y marzo del año entrante.
Así y todo, cuando terminemos esta etapa todavía
nos quedará faltando el 55 por ciento de la red pública
estatal para reformarla en dirección a su sostenibilidad.
Se ha hecho una tarea, pero la tarea que falta es inmensa.
En ese tema de la reactivación económica hay puntos
muy importantes, como el de la negociación del Tratado de
Libre Comercio con los Estados Unidos.
Creo que es fundamental en las comunidades
latinoamericanas desideologizar estos pasos. Creo que no pueden
ser pasos que se conviertan en
motivos ideológicos de un agrio debate político.
La aproximación nuestra proviene de la convicción
de que necesitamos mercados. Mucha gente le dice a uno: bueno,
pero para qué buscar esos mercados si tenemos un 60 por
ciento de pobreza. Una sociedad con este nivel de exclusión
lo que tiene que hacer es incluir a los ciudadanos y expandir por
esa vía la demanda y garantizar por esa vía el crecimiento
de la economía.
Eso no se puede segmentar de esa manera.
La convicción
nuestra es que hay que trabajar en el frente externo como un factor
que ayude a reactivar el interno y a superar la exclusión
en el interno.
Es bien importante una pedagogía en América Latina
para aproximarse con un criterio pragmático a estos tratados.
Se nos decía al principio del Gobierno: ¿Por qué le
van a dar la espalda política a los países de Suramérica?
Nosotros tomamos la decisión de hacer el tratado de la Comunidad
Andina con Mercosur. Está hecho. Lo que ha consolidado mucho
las relaciones políticas de la Comunidad Andina, de Colombia,
con el resto de Suramérica.
Estamos negociando el tratado con los Estados
Unidos. Lo que queremos es un tratado con equidad. Nosotros no
vemos valor distinto a la
equidad. Necesaria, esencial, para legitimar la integración
de las economías.
Y tenemos que avanzar hacia todos los mercados.
Hacia el mercado chino. Mi preocupación es que los centroamericanos están
haciendo tratados con los Estados Unidos y nosotros no tenemos
tratados con los centroamericanos.
Creo que hemos venido superando dificultades
para avanzar en la internacionalización de la economía, pero con criterios
de equidad. Hay temas allí muy delicados: el de la pequeña
empresa, el del sector agrícola. Este país destruyó en
diez años 800 mil hectáreas de agricultura lícita.
Hemos logrado recuperar 200 mil. Le falta muchísimo.
A pesar de que hemos sufrido el fenómeno de urbanismo del
mundo entero, todavía tenemos 11 millones de colombianos
que viven en el campo. Cifra que en términos absolutos crece
cada año. Y muchas poblaciones en el censo figuran como
poblaciones urbanas. Pero sin simplemente dormitorios urbanos de
una ciudadanía que trabaja en el campo.
Si aquí se debilita la agricultura, prospera el narcotráfico
y el terrorismo.
Entonces tenemos que poner inmenso cuidado
con el tema agrícola
y con el tema de la pequeña empresa. A propósito
de la cual hemos hecho una gran concertación con la banca
colombiana, aportando el Estado el Fondo de Garantías.
El 30 de julio de 2002, la cartera a favor
de los microempresarios ascendía a 707 mil millones. A 30 de agosto de este año
está en billón 524 mil millones.
Hemos dicho: el sector financiero tiene
que granjearse el cariño
de la gente. No puede ser el malo del paseo. Eso no le ayuda a
las sociedades democráticas.
Y hemos logrado avanzar mucho con el Fondo
de Garantías,
el sector financiero, fundaciones del sector privado, apoyo de
gobernadores y alcaldes, para poder lograr esos resultados en cartera.
Por supuesto, uno ve esos resultados en
la oficina y se entusiasma. Un millón 300 mil microempresarios colombianos han recibido
crédito en estos dos años. Más que se duplicó el
saldo de cartera.
Pero a los foros solamente acuden los que
no han recibido el crédito.
Entonces me dice a mí el Ministro de Comercio: ¿Por
qué vinieron tan bravos? Y le digo: Ministro, porque nosotros
en la oficina vemos las cifras de aquellos a quienes ya les resolvimos
el problema. A estos foros vienen aquellos a quienes no les hemos
resuelto el problema.
Hemos forzado un sistema de gobierno que
esté en permanente
contacto con la gente. Creo que eso es fundamental para dar credibilidad.
Y hay que manejar ese Estado de cara al pueblo, con compromiso
pero sin promesas y sin demagogia.
Y es bueno porque nos exige mucho. Un Gobierno
que permanentemente le tiene que dar la cara a la ciudadanía, es un Gobierno
muy exigido por la ciudadanía.
Jocosamente le he dicho a mis compañeros de Gobierno: no
hay que creer tanto en el power point. Si uno se queda en las oficinas
públicas viendo los resultados de power point, se engolosina.
Y mientras uno se engolosina en la oficina, el pueblo se rebela
afuera. Más que estar atento al power point, hay que estar
atento al power people.
El contacto con la gente, los gobiernos
entregados a la gente, los gobiernos dedicados a la gente, los
gobiernos a toda hora en
la calle con la ciudadanía, son los gobiernos que pueden
cumplir la tarea de construir gobernabilidad popular, confianza
en las instituciones.
En esta tarea de construir confianza, hemos
puesto mucho cuidado a los contenciosos con el sector privado.
Con los inversionistas
internacionales. Contenciosos en concesiones de carreteras, en
concesiones de ferrocarriles, en concesiones de aeropuertos, en
contratos de asociación en el sector de las telecomunicaciones.
¿Qué hemos dicho? Un país donde una inversión
privada se convierte en un pleito, es un país que anula
sus posibilidades de inversión y de crecimiento.
Entonces hemos dicho abiertamente: la decisión del Gobierno
es resolver estos pleitos, conciliarlos. Y a fe que hemos conciliado
ya muchos. Eso nos ha facilitado un mejor ambiente de inversión
en España, de españoles acá, un mejor ambiente
de los norteamericanos, nos ha facilitado avanzar en el TLC, etcétera.
Lo hemos hecho sobre tres bases. Primero:
conciliaciones con total ajuste al ordenamiento jurídico.
Segundo: con equidad en las prestaciones conmutativas. Y tercero:
con transparencia. La
base de la transparencia es que la gente conozca estas transacciones.
Cuando le proponía a los asociados de la empresa de Telecomunicaciones
que, para resolver esos pleitos, antes de firmar el acuerdo teníamos
que publicar el acuerdo para que la gente lo conociera, les extrañaba
mucho.
Y un día les pregunté: ¿ustedes qué prefieren:
un acuerdo firme con respaldo y tranquilidad de opinión
o un acuerdo ahí medio clandestino ante la gente, y que
apenas lo empiece a leer el público todo el mundo se llene
suspicacia frente a ese acuerdo?
Y ha sido muy bueno para la tranquilidad
ciudadana y para la estabilidad de esos acuerdos, hacerlos de
cara al público.
En la política de cohesión social, la hemos encabezado
con la Revolución Educativa. En esa Revolución Educativa
estamos trabajando el tema de la cobertura, de la calidad, de la
pertinencia, de la capacitación técnica, del estímulo
a la investigación.
En todos ellos hay unas líneas transversales, que son la
línea de las competencias laborales y la línea de
las competencias ciudadanas.
En la línea de las competencias laborales, por ejemplo,
está el Servicio Nacional de Aprendizaje. Es un instituto
fundamentalmente de capacitación vocacional. Estatal. Lo
hemos reformado. Lo hemos desclientelizado. Se lo arrebatamos a
la burocracia.
En el año 2002 formaba un millón 100 mil colombianos.
Este año forma 2 millones 600 mil colombianos. Ha pasado
de 5 millones de horas de instrucción al año a 10
millones.
Y allí hemos empezado la reforma del estímulo a
las competencias laborales. Hace pocos días discutía
con unos estudiantes de ese instituto cerca de Bogotá. Me
decían: Presidente, muy bien el crecimiento. Pero es que
todos nosotros queremos ser tecnólogos en administración
y ustedes nos están obligando a empezar con el aprendizaje
de un oficio básico.
Dije: nada ganamos con formarlos tecnólogos en administración
si no saben oficios. Se van a quedar desempleados. El hombre y
la mujer colombianos tenemos que prepararnos para trabajar y estudiar
toda la vida. Hoy no se puede hacer lo uno sin lo otro. Empiecen
por un oficio básico. El aprendizaje de ese oficio básico
les acumula créditos para graduarse después de técnicos.
Estos créditos les acumulan para graduarse de tecnólogos,
después para adquirir el título de educación
superior, etcétera.
Hemos avanzado mucho en la acreditación de los programas
universitarios. Acabamos de practicar la primera prueba para seleccionar
los mejores egresados de 27 programas universitarios. Y el año
entrante aspiramos ya a evaluar los egresados de todos los programas
universitarios del país.
Por ejemplo en primaria y secundaria hemos
avanzado en 750 mil cupos escolares. Necesitamos llegar en este
Gobierno a millón
y medio. La meta es muy dura.
Se ha hecho un gran esfuerzo en productividad
de maestros. Vamos ya alcanzado 30 estudiantes por maestro. Pero
ahora tenemos que
hacer una inyección de recursos. En las circunstancias deficitarias
de la Nación, es bastante difícil.
Y estamos evaluando maestros. Ahora necesitamos
que entren 60 mil maestros al Estado. Tenemos una dificultad
con el magisterio
porque la decisión ha sido: entran, pero con el nuevo régimen
laboral. El régimen de la sostenibilidad. Y entran a través
de concurso, sin recomendación política, a través
de meritocracia.
Confiamos poder avanzar en todos estos
frentes de educación,
tema tan importante en la convocatoria de ustedes a esta nueva
versión del Foro.
Procesos de paz. Nuestra política
de seguridad no los excluye.
Con el tema Autodefensas. Lo que propusimos en la candidatura
presidencial fue lo mismo para todo el mundo: procesos de paz a
partir de cese de hostilidades.
¿Por qué? Por razones prácticas y teóricas.
Un país que le pide a la Unión Europea, a los países
vecinos, a todo el mundo, que declare estos grupos terroristas,
y que los consideramos terroristas, no puede sin cese de hostilidades
entrar a dialogar con ellos.
Además muchos de ellos han utilizado la generosidad de
los gobiernos en Colombia no para construir la paz sino para aplicar
lo que aprendieron de Maquiavelo en la interpretación Marx:
aprovechar la generosidad del enemigo para avanzar y derrotarlo.
Nosotros creemos que es importante avanzar
a partir del cese de hostilidades. Hemos tomado allí en alguna forma la figura
de Irlanda: cese de hostilidades como condición para el
diálogo, sin exigir el desarme, sin exigir la desmovilización,
que pueden ser los puertos de llegada de ese proceso de reconciliación.
Pusimos en marcha ese proceso con las Autodefensas.
Venía
cuando el Gobierno llegó un proceso de exploración
a través de la Iglesia. El Gobierno lo continuó.
La Iglesia nos dijo: estos señores aceptan, parte de ellos,
no todos, aceptan el cese de hostilidades.
En ese momento el Gobierno aceptó dialogar con ellos. El
proceso ha sido difícil, está sometido a fechas,
tiene que haber una desmovilización total en diciembre de
2005, tiene que haber una desmovilizaciones parciales, que está conviniendo
con ellos el Alto Comisionado de Paz.
Hasta la fecha, en materia de homicidios
imputables a estos grupos ha habido una reducción del 67 por ciento (de diciembre
de 2002 a septiembre de 2004). En masacres ha habido una disminución
del 83 por ciento (en el mismo período). Pero el cese de
hostilidades tiene que ser total.
El Gobierno, en la idea de que el país no puede estar a
merced de la guerrilla ni se puede proteger a través de
los paramilitares, sino que se tiene que recuperar el imperio de
las instituciones, incrementó los operativos sobre todos
estos grupos.
Las capturas de estos grupos paramilitares
han pasado de 1.892 por año a 7.576. Los abatidos han
pasado de 272 a 896.
El ELN. Así como había un proceso de exploración
de la Iglesia con los paramilitares, había un proceso de
exploración de Cuba con el ELN. El Gobierno lo continuó infructuosamente.
No hemos podido que avance. Aquí hay un grupo de distinguidos
colombianos que ha trabajado mucho el proceso con el ELN infructuosamente.
Un grupo de países que lo han hecho.
Nosotros recientemente dimos otro paso
con México. ¿En
qué consistió? Yo me había reunido con integrante
del ELN después de que salió de la cárcel
y le dije: ¿por qué no aceptan el cese de hostilidades?
Dijo: porque en cese de hostilidades el Gobierno nos mata. Dijimos:
el Gobierno es transparente. En cese de hostilidades se les respeta
con la misma voluntad con que se les ha combatido mientras no estén
en cese de hostilidades.
Entonces empezamos a construir las garantías
para el cese de hostilidades. Mientras haya cese de hostilidades,
no hay ofensiva
militar.
Y apareció en México una necesidad: el garante.
Le pedimos al presidente Fox que México asumiera el papel
de garante. Y lo asumió. Ha hecho un gran esfuerzo.
Creo que el Gobierno colombiano no ha obstaculizado,
sino que ha estimulado ese trabajo de México, hasta el
momento infructuosamente.
Mi percepción es que el ELN le teme
a las Farc y no se atreve a dar pasos en favor de la paz por
miedo a las Farc.
Las Farc. El acuerdo humanitario para liberar
un grupo de colombianos que está secuestrado. Como candidato y en las primeras semanas
de gobierno siempre dije: no hay acuerdo de canje, mientras no
haya iniciación de un proceso de paz, que tiene que empezar
con cese de hostilidades.
Vinieron unas reuniones con el Presidente
de Francia (la ex candidata Ingrid Betancur, ex candidata a la
Presidencia secuestrada por
las Farc, es también ciudadana francesa), con el Canciller
de Francia, con el Secretario General de Naciones Unidas, con los
familiares de las víctimas.
Y el Gobierno aceptó variar la posición. Aceptó separar
el acuerdo humanitario de un eventual proceso de paz, sobre unas
condiciones a las que me voy a referir.
Eso ha tenido alguna evolución. Diría
que hoy, para no llevarlos exhaustivamente a lo largo de cada
una de las etapas
de este proceso, el Gobierno tiene tres puntos, que considera inamovibles,
esenciales:
Primer punto: no puede haber zona desmilitarizada.
Desmilitarizar zonas es darle un factor de desmotivación a la Fuerza Pública.
En el pasado Colombia experimentó esos factores de desmotivación.
Colombia no tiene Fuerza Pública golpista. Pero cuando a
la Fuerza Pública se le desmotiva hace operación
tortuga. Y un Gobierno que ha ganado un nivel de gobernabilidad
sobre la Fuerza Pública, no puede desmotivarla.
Porque para recuperar el imperio de las
instituciones, en un país
que no lo vamos a pacificar con paramilitares, ni se lo vamos a
entregar a la guerrilla, hay que tener la Fuerza Pública
tonificada. Por eso el Gobierno quiere ser muy cuidadoso en estos
pasos para no desmotivar la Fuerza Pública.
Segundo tema inamovible: los guerrilleros
que lleguemos a liberar de las cárceles no pueden volver a delinquir. Nosotros,
como una muestra con nuestro compromiso con los derechos humanos,
en un programa dirigido por el señor Vicepresidente de la
República, demócrata consumado, se destruyeron las
minas antipersonales que conservaba el Gobierno. Se destruyeron
el pasado domingo.
Este año hemos tenido 554 víctimas de minas antipersonales.
Y el 85 por ciento de ellas integrantes de la Fuerza Pública.
Minas antipersonales todas sembradas por estos terroristas.
Entonces la Fuerza Pública colombiana, haciendo un inmenso
esfuerzo por devolverle a este país la seguridad, nosotros
no podemos liberar unos guerrilleros de las cárceles para
que vuelvan a delinquir.
Primero el Gobierno exigió que los que se lleguen a liberar
de las cárceles tienen que irse a un país afuera.
El Gobierno de Francia dijo: yo los recibo. Y que ese país
debe asumir la responsabilidad de vigilarlos para que no se reintegren
a la acción armada.
Hemos ofrecido una opción: que se vayan al extranjero o
que se reinserten acá. Aquí tenemos un programa de
reinserción muy generoso. Cuando se reinsertó el
M-19, se reinsertaron 700 guerrilleros. Cuando se reinsertó el
EPL, se reinsertaron 1.200.
Sumen eso y hagan esta comparación: en este Gobierno se
han reinsertado 6.700 integrantes de grupos violentos. Paradójicamente
el 60 por ciento de Farc. El otro 40 por ciento se lo reparten
entre Autodefensas y ELN.
La reinserción avanza generosamente. Hace poco asistí,
en Ciudad Bolívar de Bogotá, a la graduación
en un curso de competencias laborales de 800 reinsertados. Daba
gusto percibir ese estado de ánimo. Ese cambio de orientación
en la vida.
Entonces hemos dicho: bueno, aquí hay un proceso de reinserción
generoso. Los que lleguen a salir de la cárcel, si no se
quieren ir al extranjero, que se sometan a ese proceso de reinserción.
Y el tercer factor inamovible es que no
podemos liberar de las cárceles sino a los que estén allí por los
delitos políticos elementales. No a los que tengan conexidad
con delitos atroces. En eso hay que ser muy cuidadoso.
En Colombia ha habido una equivocada tendencia
académica.
La tendencia de considerar que el delito de la guerrilla, por atroz
que sea, siempre es político. Y que el delito de los paramilitares
siempre es común.
Me puse a indagar por qué. Y se decía: no, es que
la guerrilla está contra el orden establecido. Le daban
un título de nobleza a ese delito por estar contra el orden
establecido.
Y entonces se tenía toda la inclinación a indultar
y amnistiar el delito de la guerrilla, y el de los paramilitares
se ha considerado crimen común, simplemente porque se estima
que ellos están en defensa del orden establecido.
Finalmente el impacto frente a la comunidad
es igualmente dañino.
El Gobierno le ha pedido al Congreso y al país superar esa
diferencia. La decisión nuestra es darle el mismo tratamiento
al delito atroz de la guerrilla que al delito atroz de los paramilitares.
Si hay procesos de paz hay que dar beneficios, pero tenemos que
hacer una muy buena ecuación entre paz y justicia, entre
paz y no impunidad. Por eso están excluidos los beneficios
del indulto y de la amnistía para delitos atroces.
Por eso, no podemos en el acuerdo humanitario,
entrar a liberar personas que estén en las cárceles
con delitos atroces.
Muchas personas que están interesadas, noblemente, en ese
acuerdo humanitario han pedido que el Gobierno facilite una zona
de encuentro con las Farc para esa negociación. Hay que
desmilitarizarla y el Gobierno no puede hacer eso.
Lo que va a anunciar el Comisionado, a
las 6:30 de la mañana
de mañana, yo se los anticipo, va a anunciar lo siguiente:
El Gobierno acepta que se negocie el acuerdo
humanitario en una embajada en Bogotá o en la Nunciatura. Eso sería
el único sitio donde el Gobierno aceptaría esa negociación.
El Comisionado va a anunciar unos elementos
como estos: el Gobierno reitera una propuesta que le hizo al
Gobierno Suizo, que sería
el destinatario de esta propuesta, de liberar unos guerrilleros.
El Gobierno los libera antes, de que las Farc libere a los secuestrados
con las dos condiciones que les dije: que no estén en las
cárceles por delitos atroces y que se comprometan a no regresar
a la guerrilla. Cualquiera de las dos opciones: o se van al extranjero
o se entran al proceso de reinserción. El Gobierno libera
unos delincuentes, antes.
Segundo. La guerrilla tiene que hacer un gesto de liberar algunos
de estos compatriotas que tiene secuestrados.
En ese momento, se da el tercer paso, que
es la negociación
en una embajada o en la nunciatura en Bogota, durante cinco días
para perfeccionar ese acuerdo.
Ese es el paso que va a anunciar el Comisionado,
mañana
en la mañana.
Es muy duro. Yo siento un gran dilema.
Voy a Neiva, siempre que voy a Neiva me reúno con los familiares de los secuestrados,
o a Cali. Mañana debo ir a Cali, voy a una reunión
de FENALCO y en una salita contigua están los familiares
de los secuestrados y uno siente allí un grave dilema, un
dolor inmenso de colombiano y de padre de familia, que proviene
de ver el dolor de estos familiares de las víctimas. Peor
también una responsabilidad muy grande en la conducción
del Gobierno para evitar que estos acuerdos desmotiven la política
de Seguridad".
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