Esfuerzos del Gobierno Nacional para incrementar los ingresos de los servidores de la Rama Judicial y de la Fiscalía General

El Gobierno del Presidente Álvaro Uribe recuerda que en los últimos años ha tomado las siguientes decisiones, en el propósito de mejorar los ingresos de los servidores de la Justicia:

- En el 2004 expidió el Decreto 4040, mediante el cual se creó una bonificación de gestión judicial para Magistrados de Tribunal, Magistrados Auxiliares, Fiscales y Procuradores que actúan ante estos Magistrados, que sumada al salario elevó su remuneración a un 70 por ciento de lo que devengan los magistrados de las Altas Cortes. Esto significó un aumento promedio del 32 por ciento de sus ingresos y un costo anual para la Nación de 50 mil millones (precios 2008).

- En el 2005, a través del Decreto 3131, otorgó una prima de actividad judicial para los jueces, fiscales y los procuradores delegados ante estos, que significó un incremento de sus ingresos del 22 por ciento y un costo anual para el Estado de 80 mil millones (precios 2008). Esta prima se paga en junio y en diciembre.

- En el 2006, expidió el Decreto 2460, que estableció una prima de productividad judicial para el resto de los servidores de la Rama Judicial y la Fiscalía (secretarios, escribientes, trabajadores administrativos, etc.), la cual significó un incremento en sus ingresos del 4.2 por ciento y un costo anual de 45 mil millones. Esta prima equivale a 15 días de su asignación y se paga en diciembre.

Adicionalmente, y no obstante las dificultades fiscales, en el periodo 2002-2009, el Gobierno Nacional ha asignado recursos para el fortalecimiento de la administración de Justicia, que han significado un incremento del 96 por ciento, al pasar de 1.5 billones a 3 billones para el 2009.

En ese sentido, el presupuesto de la Rama Judicial pasó, en este periodo, de 831 mil 691 millones de pesos a 1 billón 581 mil 602 millones de pesos y el de la Fiscalía, de 657 mil 648 millones de pesos a 1 billón 319 mil 388 millones de pesos para el 2009.

Frente a la nivelación salarial solicitada a través de tutelas, el Gobierno Nacional ha insistido ante los jueces en que el mandato contenido en el parágrafo del art. 14 de la Ley 4ª de 1992 se cumplió con la expedición de los Decretos 53 y 57 de 1993, lo que generó incrementos salariales, especialmente para magistrados, jueces y otros funcionarios, de entre 2 y 3 veces el salario que percibían a 1992.

Esta nivelación salarial le costó al Estado, a pesos de hoy, 704 mil 340 millones de pesos.

Por lo tanto, el Gobierno Nacional señala que ya cumplió con la nivelación salarial que hoy se pretende a través de una nueva acción de tutela.

Finalmente, es importante anotar que de septiembre del 2007 a la fecha, servidores de la Rama Judicial y de la Fiscalía han presentado alrededor de 1.300 tutelas con similares pretensiones, un 99 por ciento de las cuales han sido negadas y sus fallos se encuentran en firme. Las tutelas que se han fallado a favor de los servidores, en primera instancia, están siendo revocadas en segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia, por considerar que no es la vía para ordenar una apropiación presupuestal, ni es posible, a través de esta acción, arrogarse facultades que por Constitución le competen al Gobierno Nacional.