Nos estimulan, nos conmueven. Una reiteración de aquella solidaridad que en ustedes abunda. Muchas gracias, Diana Sofía (Giraldo, Directora de la Fundación Víctimas Visibles), su empeño, su perseverancia en este tema tan importante para la democracia, para el tejido social de la Patria.
Muchas gracias señor Gobernador (de Antioquia, Luis Alfredo Ramos), señor Alcalde (de Medellín, Alonso Salazar), su iniciativa, su esfuerzo. Muchas Gracias a Lina María (Moreno de Uribe) por su compromiso con este tema de la Patria.
Muchas gracias a las víctimas, a quienes las representan. Qué paso tan difícil: del dolor individual y familiar al compromiso colectivo. Ese paso lo han dado ustedes, lo agradecemos de corazón.
El 3 de noviembre de 1903 se separó Panamá. Era la cabeza del país. Un año antes se habían firmado los acuerdos de paz que pusieron fin a la Guerra de los Mil Días. Los historiadores se dividen en una cifra entre 100 mil y 300 mil muertos. El país quedó profundamente deprimido. Se vivió una paz relativa hasta mitad de los años 40, cuando irrumpió la violencia entre los partidos históricos. También se habla de cifras inmensas de víctimas.
Esa violencia se supera con los acuerdos de 1957. Muchos de quienes eran los actores de esa violencia, se desmovilizaron: Otros se tornaron en guerrillas marxistas. Colombia fue uno de los países de América Latina objetivo de las triunfantes guerrillas marxistas.
Esas guerrillas —y lo digo como testigo de excepción, estudiante de la universidad pública de la época—, pretendieron sustituir la democracia por la lucha violenta de clases. El Estado de Derecho por la dictadura del proletariado. Trajeron a Colombia la idea de la combinación de todas las formas de lucha. Asesinaban y secuestraban, penetraban la política, el movimiento sindical, el periodismo, el movimiento obrero, el movimiento campesino, el movimiento estudiantil.
El país no reaccionaba lo suficiente a través de sus autoridades. Vino la reacción paramilitar, igualmente cruel. Copió todo el instructivo de crueldad que había incorporado la guerrilla. Ambos acudieron a financiarse, y más que financiarse, a fusionarse con el narcotráfico.
Nunca podíamos anticipar los años 70 que unas guerrillas ideológicas pudieran tornarse en unos cuerpos mercenarios al servicio del narcotráfico. Nunca se alcanzó a medir que el concepto de autodefensas finalmente se expresara en la crueldad terrorista y narcotraficante del paramilitarismo.
Seguridad Democrática
Le propusimos al país una Política de Seguridad Democrática para hacer la diferencia con los procesos dictatoriales de seguridad que se habían vivido en algunos países de América Latina durante la época de la doctrina de la seguridad nacional. Allá se suprimía el disenso, se imponía la ley marcial, se imponía la censura de prensa, se expatriaba el pluralismo.
Aquí hemos buscado adelantar este proceso de seguridad con todos los valores democráticos, con la profundización de las libertades en sus posibilidades efectivas, que son mucho más importantes que la simple declaración retórica.
Cuando iniciamos se habló de dos procesos de paz, uno con el Eln a través de Cuba. Hemos hecho todos los esfuerzos para que avance, pero el Eln da un paso adelante y se devuelve por temor a las Farc.
El otro proceso que heredamos fue un proceso con los paramilitares a través de la Iglesia Católica. Nosotros llegamos al Gobierno con la determinación de combatirlos y erradicarlos a todos por igual.
Desde la hora cero de nuestro Gobierno empezó la lucha con toda la determinación contra guerrillas y paramilitares. La condición para un proceso de paz era el compromiso del cese de actividades criminales.
Los paramilitares enviaron el mensaje, a través de la Iglesia, que estaban dispuestos a ese cese de actividades criminales. El Gobierno emprendió ese diálogo con ellos. Vino la Ley de Justicia y Paz.
Reparación
Altezas, una de las instituciones más importantes de nuestra democracia, es la participación de la opinión pública, en la determinación del contenido de las leyes. Colombia vive una fase superior del Estado de Derecho, que es el Estado de Opinión. La reunión de este Congreso así lo acredita.
Fue en el debate público que el Congreso y Gobierno finalmente obtuvieron los contenidos plasmados en la Ley de Justicia y Paz. Este país había tenido leyes de amnistía e indulto para grupos violentos, sin importar los delitos de lesa humanidad. En esta Ley se niega la amnistía y el indulto a los delitos de lesa humanidad.
Este país había reconocido todos los derechos políticos, los derechos a ser elegidos, a los responsables de crímenes atroces. Esta Ley no les permite a los responsables de crímenes atroces aspirar a ser elegidos.
Este país había amnistiado e indultado sin pensar en las víctimas. Por primera vez una Ley compromete a la Nación y a sus instituciones en la reparación a las víctimas.
Este país había amnistiado e indultado sin exigir que se conociera la verdad. Por primera vez una Ley que exige que se conozca la verdad. Aquella que ha venido aclarando los vínculos entre los paramilitares y la política, cuando nunca se aclararon ni se han aclarado las relaciones, los vínculos entre las guerrillas y la política.
Reducción de crímenes
Esta Política de Seguridad ha avanzado, pero reconocemos todo lo que falta.
Sí. Esta ciudad llegó a tener años de 6 mil asesinatos; se han reducido a 700. No estamos contentos.
El país tuvo años de 68 homicidios por cada 100 mil habitantes; ahora estamos en 32, 33. No estamos contentos. La lucha todos los días es para lograr a través de la seguridad con valores democráticos la paz en el país.
Tuvimos años de casi 4 mil secuestros; el año pasado fueron 450 secuestros, 197 extorsivos. Este año llevamos otra reducción del 55 por ciento. Pero reconocemos todo lo que falta.
El lunes, Altezas, cuando ustedes se disponían a llegar a Colombia, aquí realizamos otro Consejo de Seguridad para buscar nuevos mecanismos a fin de enfrentar el homicidio, que en esta fase tiene dos causas determinantes: el enfrentamiento entre bandas del narcotráfico y la presión que ellas quieren ejercer para que el Gobierno cese la captura de sus cabecillas.
Presión a la cual el Gobierno no accede. Porque me veo obligado ante esta audiencia a expresar convicciones. Acceder a un pacto de esta naturaleza es entrar en una política de apaciguamiento, que finalmente conduce a estimular la actitud olímpica y desdeñosa de los criminales. La paz nace del ejercicio democrático de la autoridad, no de la apariencia de conciliación a través de pactos de apaciguamiento con los criminales.
Todos los días ponemos en marcha nuevos elementos para enriquecer esta Política de Seguridad Democrática en la esperanza de que el país pueda mantener un progreso continuo.
Se han disminuido las masacres. Hemos llegado a cero destrucción de municipios. Asesinaban 15 periodistas en un año. Llevábamos dos años sin el asesinato de un periodista. Lastimosamente hace unas semanas nos asesinaron un periodista en el sur del país.
Se acabó la anestesia. Las autoridades han recuperado el compromiso con todos los rincones de la Patria. Nos sentíamos muy desamparados en las calles de Bogotá y en todas las regiones de Colombia. No encontrábamos que las autoridades nos protegieran, en un país en el cual el 50 por ciento de sus familias han sido víctimas.
Aquí asesinaban 250 líderes de los trabajadores en un año. Todavía este año, entre maestros y trabajadores sindicalizados, han asesinado 14. Necesitamos llegar a cero.
Había dos sentencias contra asesinos de los trabajadores; tenemos 180. No había personas en la cárcel; tenemos 176. El Gobierno de Colombia protege hoy 10 mil personas con protección individual directa. De ellos, 2 mil son líderes de los trabajadores. Protección eficaz.
Desmonte del paramilitarismo
El desmantelamiento del paramilitarismo ha eliminado uno de los factores que tenían un designio sistemático de asesinar trabajadores. Hoy son asesinados por la guerrilla y abundan los casos de asesinatos por circunstancias aisladas.
Esta Política de Seguridad tiene unos intangibles. El país ha recuperado dos monopolios que nunca debió perder: el monopolio de las Fuerzas del Estado para combatir a los criminales y el monopolio de la justicia.
Hemos desmantelado el paramilitarismo. La palabra paramilitar se utilizó para denominar bandas privadas criminales cuyo propósito era combatir a la guerrilla. En todo el territorio hoy solamente las fuerzas institucionales combaten a todos los delincuentes.
Encontramos entre guerrillas y bandas criminales del narcotráfico alianzas y enfrentamientos por razones mafiosas. Alianzas para compartir los réditos del narcotráfico y enfrentamientos para disputarlos. Lo importante es que el Estado ha recuperado ese monopolio para combatir a los criminales.
Colombia tiene una justicia autónoma e independiente, respetable y abnegada, que había sido en muchas regiones desplazada y reemplazada por los criminales. Cabecillas del terrorismo guerrillero y paramilitar reemplazaban a los jueces y fiscales, para resolver pleitos de familia, disputas de vecinos, para conocer crímenes mayores y menores. Hoy se ha recuperado el monopolio de la justicia del Estado.
Las víctimas no reclamaban, Altezas. En este Patria colombiana se hablaba de las víctimas en los funerales, pero las victimas no reclaman por temor o porque lo encontraban inútil.
Uno de los logros de esta Política de Seguridad Democrática es que se ha visibilizado el fenómeno de las víctimas, que se han creado las condiciones democráticas y de fraternidad para que este tema sea un primer tema de la agenda nacional. Muy importante esto, especialmente al oído de los analistas internacionales.
Esta Política de Seguridad Democrática no se ha adelantado con supresión de libertades, no se ha adelantado con Estado de Sitio, no se ha adelantado con censura de prensa; se ha adelantado con respeto a los derechos individuales, con la ley ordinaria, con respeto a los derechos políticos.
Ha sido una política adelantada para proteger por igual a los trabajadores que a los empleadores, a los amigos de las tesis del Gobierno y los adversarios de las tesis del Gobierno.
Apoyo a las víctimas
El Gobierno ha hecho unos esfuerzos —voy a referirme a algunos de ellos cuantificándolos—, pero reconoce todo lo que falta, para que haya un real apoyo a las víctimas.
Podríamos dividir el tema en tres: los primeros apoyos, la reparación que apenas empieza y la nueva Ley, la Reparación Administrativa.
En los primeros apoyos quiero mencionar estos: durante estos años de Gobierno hemos entregado 300 millones de dólares a más de 39 mil familias cuyos parientes han sido asesinados por terroristas.
Hemos buscado desatrasarnos en los primeros apoyos frente a un atraso que acumulaba desde 1996. Más de 34 mil hogares han recibido este primer apoyo y hoy buscamos que se dé en las primeras 24 horas después de la acción violenta.
Hemos reconstruido 196 municipios, pero todavía hay quejas de municipios donde no hemos reconstruido edificios públicos.
Hace año y medio tomamos la decisión de avanzar por la vía de la Reparación Administrativa en un país con muchas dificultades fiscales. El año pasado se aprobó el primer presupuesto. En el mes de junio empezaremos a ejecutar 100 millones de dólares para un componente de la reparación, el pecuniario.
El Gobierno acepta el concepto de reparación integral. Acepta también que reparación total no hay, que el esfuerzo de reparación es una expresión de ese amor que tiene que existir para que opere una sociedad pluralista. El Gobierno acepta reparación total no hay, pero que todo esfuerzo de reparación ayuda a conciliar, evita el germen del odio.
Confiamos que esa Reparación Administrativa le llegue ahora a las primeras 10, 12 mil víctimas y que el Gobierno de Colombia pueda ir apropiando los recursos para acelerar este componente de la reparación.
Recursos para reparación
Tenemos tres fuentes de recursos. La apropiación del presupuesto en un país con muchas limitaciones fiscales y financieras. Hacer un esfuerzo de esta naturaleza donde sobra el dinero, impera el superávit, es fácil. Aquí es difícil por las limitaciones del presupuesto.
Una segunda fuente: la Ley de Justicia y Paz exige a quienes han querido que sean beneficiados con sentencias cortas la entrega de sus bienes para reparar a las víctimas. He avanzado y no se ha avanzado.
Una de las razones que tuvo este Gobierno para determinar la extradición de cabecillas del paramilitarismo es que durante muchos meses no mostraron su voluntad de entregar los bienes para reparar a las víctimas.
Debo decir ante este auditorio que tuvimos el buen cuidado de que la extradición no afectara la verdad ni la reparación. Se hizo un acuerdo con los Estados Unidos, que los Estados Unidos cumplen, para que el Estado colombiano, la justicia, el Ejecutivo, el Congreso, la opinión pública, tengan acceso a los extraditados que están en las cárceles de los Estados Unidos.
Y entonces hemos procedido con lo que es una tercera fuente de recursos, la Ley de Extinción del Dominio. Altezas, este país tiene una de las legislaciones más modernas del mundo para extinguir la propiedad sobre la riqueza ilegítima.
Esa legislación fue actualizada al inicio de nuestro Gobierno (2002) con el liderazgo del Ministro Fernando Londoño (Ministro del Interior de entonces).
Hemos procedido de la siguiente manera: los sometidos a la Ley de Justicia y Paz que no entreguen sus bienes, contra ellos procede la Ley de Extinción del Dominio, como tiene que proceder hoy contra toda riqueza ilícita en Colombia.
Confiamos que esos 14 billones de dólares que puede costarle al país este esfuerzo de reparación de las víctimas en un componente, el pecuniario, a pesar de nuestras restricciones presupuestales, se pueda cumplir.
Está en discusión en el Congreso de la República la Ley para el apoyo de las víctimas. En alguna forma tiene tres antecedentes, la obligación de reparación de la Ley de Justicia y Paz, la decisión de los primeros apoyos a las víctimas —que nos han costado más de 300 millones de dólares en los últimos años— y el Decreto de Reparación Administrativa de hace 18 meses, que empieza a aplicarse y que puede costar 14 billones de dólares.
Esta Ley ha sido ampliamente discutida, como ocurre en una democracia de opinión. El Gobierno ha tenido un punto discrepante: creemos que no se le puede dar el mismo tratamiento procesal a la reparación de la víctima del terrorismo, que a la reparación de la víctima de agentes del Estado.
Hemos propuesto que en el caso de los agentes del Estado se requiera sentencia judicial ejecutoriada y que haya un proceso rápido, un proceso abreviado, para que no se tenga que demorar todo el tiempo que históricamente han demorado en Colombia en estos procesos.
Apoyo a Fuerza Pública
Me preguntan muchos compatriotas por qué esa diferencia. Este país vivió durante muchos años maltratado por guerrilla, paramilitares y narcotráfico. Necesitamos la Fuerza Pública de la mano de la Constitución. Así como a la Fuerza Pública hay que exigirle eficacia y transparencia, observancia de los de Derechos Humanos, también hay que apoyarla.
El Gobierno cree quedar a los agentes del Estado el mismo tratamiento que a los terroristas, sería un grave error totalmente desmotivante de la Fuerza Pública. Por eso ha pedido al Congreso que, en el caso de los agentes del Estado, se exija esa sentencia ejecutoriada.
En una democracia de opinión que ha sufrido la violencia durante tantos años, una Política de Seguridad, para ser sostenible en el tiempo, necesita credibilidad. La credibilidad depende del esfuerzo, de la eficacia y de la transparencia.
El Gobierno no ha vacilado en recibir las denuncias y en buscar todos los medios de castigo a la violación de los Derechos Humanos. Hacer eso honra a la Fuerza Pública, le da sólida legitimidad. Y también el Gobierno tiene que ser muy cuidadoso en el apoyo a la Fuerza Pública.
Nosotros creemos mucho en la participación ciudadana. Por eso periódicamente los Altos Mandos, el Ministro de Defensa y el Presidente acudimos a la televisión a escuchar directamente las quedas de nuestros ciudadanos en materia de violación de Derechos Humanos.
En Colombia, en este Gobierno, por iniciativa del Gobierno y de las Fuerzas Armadas, se han trasladado muchos casos que antes conocía la Justicia Penal Militar a la justicia ordinaria. Hay un gran fortalecimiento e la justicia ordinaria. Eso da mayor legitimidad a las Fuerzas Armadas de Colombia.
Secuestrados
Sé que hay un tema de mucha controversia: el tema de los secuestrados. Cuando empezó nuestra administración propusimos lo que habíamos anticipado en campaña: que un acuerdo humanitario tendría que soportarse en el inicio de un nuevo procesote paz con cese de actividades criminales.
La Iglesia Católica, el Secretario General de Naciones Unidas y los familiares de los secuestrados, nos pidieron —y el Gobierno aceptó—, que deslindáramos con cese de hostilidades criminales. Hemos aprobado muchos facilitadotes.
Un día nos llamó el Presidente Sarkozy (de Francia, Nicolás Sarkozy) para pedirnos la liberación de Rodrigo Granda (guerrillero de las Farc) y lo hicimos.
Hemos liberado unilateralmente más de 150 personas de las Farc. Ofrecemos no extraditar a ‘Simón Trinidad’ ni a ‘Sonia’ si liberaban los secuestrados.
Se han hecho todos los esfuerzos. Corrimos riesgos en nuestras relaciones internacionales, porque en algún momento preferimos la posibilidad de eficacia del facilitador que el seguro a nuestras relaciones diplomáticas.
También en esta lucha por el rescate por los secuestrados hemos trabajado todos los días con nuestra fuerza pública. Hoy tenemos temores de un nuevo engaño de las Farc.
Hace poco se publicó un libro que se llama ‘La paz en Colombia’. Ese es uno de los testimonios de que las Farc, utilizó el Caguán (San Vicente del Caguán, Caquetá) no para hacer la paz, sino para avanzar en su propósito de la toma violenta del poder.
La buena fe de muchos gobiernos ha sido engañada, especialmente en épocas electorales, por los terroristas. Eso nos ha obligado a tomar precauciones que generan mucha controversia —lo acepto— en el proceso de liberación de aquellos que siguen estando secuestrados y que nunca debieron ser secuestrados.
Atención a desplazados
Esta decisión de avanzar en la reparación de las víctimas va de la mano con otros compromisos muy grandes: atender el desplazamiento, la reinserción.
Hemos multiplicado por 10 el presupuesto de los desplazados y no alcanzamos. Ahora se registran desplazados de los años 1950.
Hemos tomado, recientemente, la decisión de que la Cruz Roja Internacional no participe solamente en las actividades de apoyo a los desplazados, sino que trabaje con nuestra Fuerza Pública para observar cómo se planifican los operativos, con el buen cuidado de no afectar a las comunidades.
Ahora en el Pacífico, en el Baudó chocoano, estamos apelando a la figura del constructor de confianza entre las comunidades y la Fuerza Pública, que ha sido exitoso en la Sierra Nevada en Santa Marta.
Apreciados compatriotas, comunidad internacional, representantes de las víctimas: apenas empezamos el proceso de reparación, pero se ha logrado un gran avance. Las víctimas constituyen hoy un primer lugar de la agenda nacional.
Tengo que agradecer inmensamente a la Fundación (Víctimas Visibles), a Diana Sofía (Giraldo, Directora), porque su perseverancia ha creado una gran conciencia nacional sobre el tema. En ausencia de ustedes, esa conciencia nacional no habría llegado a la dimensión generalizada que hoy alcanza.
Creo que ha habido un proceso de transformación importante en la mentalidad nacional. Antes, con indulgencia, amplios sectores del país querían congraciarse con los victimarios y había indiferencia con las víctimas. Hoy hay toda la firmeza para combatir a los victimarios y todo el compromiso de amor a Colombia para luchar para que las víctimas puedan, al menos parcialmente, superar el dolor.
Altezas, muchas gracias; Diana Sofía, muchas gracias; comunidad, muchas gracias”. |
