Comunicado

El Gobierno Nacional, a través de sus ministerios del Interior y Justicia, y de Defensa Nacional, reitera que en el marco de la autonomía e independencia de la rama judicial, respeta y acata las decisiones de los jueces de la República, sin embargo y sin perjuicio de dicho respeto y acatamiento, quiere expresar a la opinión pública su más honda preocupación respecto a la decisión tomada por el juzgado 21 penal municipal con función de garantías, consistente en otorgar la libertad a siete personas imputadas por los delitos de rebelión, concierto para delinquir, homicidio y tentativa de homicidio, quienes fueron capturadas en febrero de 2009 junto con Bernardo Mosquera Machado, alias el ‘Negro Antonio’, cabecilla del Frente Antonio Nariño de las Farc que operaba en el Páramo de Sumapaz.

Corresponde a la Fiscalía General de la Nación y al juez de conocimiento del proceso CUI 11001600001320098086600-N.I 88097, que cursa contra Ricardo Enrique Toscano Petro, Juan Efraín Mendoza Gamba, Jeison Andrés Lozano Muñoz, Leandro Rocha Briñez, Camilo López Castrillón, Marlín Ramírez Romero y Érica Lizet Murillo, aportar todo su concurso y diligencia para establecer la responsabilidad penal de estas personas, que ya fueron acusadas por el mismo ente investigador por los delitos mencionados y por su pertenencia a las Farc.

Colombia es un Estado de Derecho en el cual se deben respetar tanto el debido proceso de estas siete personas, como de toda una Nación en la que la seguridad y los derechos de más de cuarenta millones de ciudadanos deben ser garantizados por todos los poderes públicos.

“La justicia lenta e ineficaz no es justicia” y el vencimiento de los términos procesales, no puede seguir siendo la causa para que los criminales regresen a la libertad para seguir delinquiendo.

La Fuerza Pública estará atenta a la conducta de las personas cuya libertad ha sido ordenada, y aportarán todo su concurso para que en el evento en que las autoridades judiciales ordenen su recaptura, la misma se lleve a cabo con eficacia y celeridad.

Bogotá, 31 de diciembre de 2009.