Comunicado de la Vicepresidencia de la República

Por declaraciones del subintendente de la Policía Juan Fernando Galicia, luego de ser liberado, se conoció la denuncia de que las Farc pretendían obligar a los miembros de la Fuerza Pública que liberarían, a dar declaraciones conforme a los designios de este grupo, chantajeándolos, además, con no ser liberados si no se sometían a esas instrucciones.

También se conoció que el periodista Hollman Morris era quien hacía dichas entrevistas.

1. El Gobierno Nacional considera que dicha actuación del periodista Hollman Morris es contraria a la objetividad e imparcialidad que debe acompañar la labor periodística.

2. El Gobierno Nacional informa que el señor Morris cuenta con medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a pesar de alegar riesgo extraordinario para su vida, se sometió a riesgo extremo, sin informar al Estado del cual demanda protección.

3. El señor Hollman Morris fue sometido a un control por parte de tropas del Ejército de Colombia en la Unión Peneya, control en el cual le fueron respetados todos sus derechos e integridad. Así mismo, el comandante de la base militar le ofreció, de manera preventiva, protección, lo que fue rechazado por el señor Morris.

4. El Gobierno también ha sido informado de que el señor Morris sorprendió a la Comisión del CICR y a Piedad Córdoba y pretendió que lo trasladaran en el helicóptero dispuesto para recoger a los secuestrados que iban a ser liberados.

5. El Gobierno respeta y garantiza la libertad de prensa, pero considera que ni la libertad de prensa ni la liberación de secuestrados deban ser utilizados para hacerle apología a la violencia y a quienes someten al pueblo colombiano al secuestro, a tratos inhumanos, a mutilaciones y a ataques terroristas.

6. Como ha sido un principio de este Gobierno, continuaremos trabajando por garantizar el ejercicio de las libertades en Colombia y convocamos a la unidad por la defensa de nuestra democracia y para combatir el terrorismo y el narcotráfico, que son las amenazas más grandes a los derechos de colombianos y colombianas.

Bogotá, 2 de febrero de 2009.