El Ministro del Interior y de Justicia comunica a la opinión pública nacional, que teniendo en cuenta los graves y preocupantes resultados de la encuesta de consumo de drogas ilícitas dada a conocer al país el pasado 24 de febrero por los Ministerios del Interior y de Justicia, Ministerio de Protección Social y la Dirección Nacional de Estupefacientes, con apoyo de las Naciones Unidas, los Estados Unidos y la Cicad/OEA, y siendo coherentes con la política del Presidente Álvaro Uribe en su empeño de combatir integralmente el problema mundial de las drogas, tanto desde la perspectiva de la producción como de la demanda, el Gobierno Nacional ha tomado la decisión de presentar ante el Congreso de la República, el día 16 de marzo del año en curso, dos iniciativas, una de reforma legal y la otra de reforma constitucional, encaminadas a eliminar la llamada ‘dosis personal’ y simultáneamente a crear una nueva instancia basada en la aproximación de salud pública, que sin penalizar el consumo desde la perspectiva punitiva tradicional, tampoco permita la liberalización del mismo y menos aun la legalización de la producción.

Se propondrá, vía acto legislativo, la eliminación de la dosis personal observando las previsiones constitucionales sobre el respeto al derecho fundamental del desarrollo de la libre personalidad, pero reconociendo que dicho derecho tiene límites en los derechos de los demás y en el respeto al orden jurídico. En este sentido, y siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la iniciativa de acto legislativo no estará encaminada a la imposición de un modelo de virtud u opción de vida, sino que buscará desarrollar medidas de protección coactiva, encaminadas a tutelar los propios intereses y las convicciones del afectado por las drogas ilícitas, medidas que en sí mismas no son incompatibles con la Constitución ni con el reconocimiento del pluralismo, la autonomía y la dignidad de las personas. En este contexto, por encima de la libertad para consumir drogas ilícitas, hay intereses superiores como son la vida, la salud, la integridad física y la educación, que la Constitución no solo reconoce como derechos fundamentales, sino que también incorpora como valores superiores que el ordenamiento busca proteger.

El Gobierno Nacional seguirá siendo inflexible en su política contra la producción y distribución de las drogas ilícitas, por ello llama la atención a la opinión pública sobre el efecto nocivo que ha tenido la permisividad de la dosis personal, al haber sido utilizada por los narcotraficantes como una legalización tácita que justifica la venta libre de determinadas cantidades de droga, convirtiendo la dosis mínima en un cupo libre de comercialización y en un narcomenudeo.

En este contexto, el Gobierno Nacional está adelantando una revisión de la legislación vigente, con el propósito de llevar a la mayor severidad posible las penas para aquellos que induzcan a los menores y adolescentes al consumo de drogas ilícitas, y para aquellos que utilicen a los niños y jóvenes como ‘correos humanos’ para la venta y distribución de sustancias psicoactivas.

De otra parte, y por vía de reformas legales, se buscará, cuando haya lugar a ello, la imposición de sanciones contravencionales no privativas de la libertad, tales como la internación terapéutica, el monitoreo obligatorio, las multas y las terapias obligatorias; sin embargo, quedarán vigentes las disposiciones penales generales para los casos en que la conducta de la cual se trate encuadre en los tipos penales correspondientes.

Como consecuencia inmediata de la eliminación de la dosis personal y dentro de la filosofía de la protección coactiva, se propondrá la creación de tribunales de tratamiento, en los cuales funcionarios de la rama judicial (fiscales y jueces) en un trabajo conjunto con profesionales del sector de la salud (médicos, psicólogos, toxicólogos y terapeutas), puedan acompañar integralmente al consumidor de drogas ilícitas, ayudándole a tomar conciencia de los efectos de su consumo y de la necesidad de un tratamiento terapéutico.

Tanto para aquellas personas que son consideradas como consumidores ocasionales, como para aquellos que tengan una dependencia crónica o adictiva que los lleve incluso a cometer delitos, los Tribunales de Tratamiento harán parte de una política de monitoreo al consumo, de manera que puedan tomarse las medidas necesarias para proteger al consumidor y a la sociedad toda, de los efectos nocivos del consumo mismo, en forma tal que la protección coactiva consista en medidas que pueden ir desde la educación y la pedagogía preventivas, hasta la imposición de ‘sanciones terapéuticas’ que impliquen limitaciones al derecho a la libertad de manera temporal en instituciones adaptadas para ello.

El Gobierno Nacional, dándole alcance a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, regulará y coordinará con las entidades del sector de la salud, la provisión de los tratamientos que sea necesario adelantar dentro del contexto del Plan Obligatorio de Salud (POS).